Tras semanas de negociaciones secretas con la CGT, el Gobierno modificó este lunes por decreto la reglamentación de la reforma laboral, aumentando la base de cálculo de las cuotas sindicales y liberando de topes los aportes patronales a las obras sociales.
El Gobierno nacional hizo oficial este lunes la modificación de la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. A través del Decreto 612/2026, firmado por el presidente de la Nación Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, el Poder Ejecutivo flexibilizó la aplicación del tope del 2% sobre las cuotas solidarias y retiró esa restricción a los aportes empresariales destinados a fines sociales.
La norma modifica el criterio fijado en mayo pasado por el Decreto 407, que restringía el cálculo de las cuotas solidarias estrictamente al salario básico convencional. La reglamentación anterior generaba una pérdida en la recaudación de las organizaciones gremiales al limitar el universo imponible.
Con la nueva redacción, la base sobre la que se aplicará el límite del 2% incluirá el salario básico convencional sumado a todas las retribuciones remunerativas habituales y de percepción mensual. Sin embargo, el texto ratifica que no integrarán el cálculo los conceptos extraordinarios o variables.
Premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, el sueldo anual complementario, el plus vacacional y las sumas no remunerativas quedaron explícitamente excluidos del cómputo. La medida busca fijar un criterio unificado sobre los haberes normales del trabajador.
Paralelamente, la normativa establece una excepción clave sobre el tope global. Las contribuciones patronales destinadas a áreas sociales, asistenciales, previsionales o culturales dentro de los convenios colectivos no estarán sujetas al límite del 2%.
A cambio de excluir las contribuciones sociales del tope del 2%, el decreto impone restricciones sobre la administración de estos recursos. Los gremios deberán gestionar y documentar dichos montos en cuentas totalmente diferenciadas del patrimonio general del sindicato.
Esta diferenciación contable apunta a facilitar la fiscalización y el control de legalidad por parte del Estado antes de concretar la homologación de cada convenio colectivo de trabajo.
La medida representa el desenlace de negociaciones reservadas entre funcionarios del Poder Ejecutivo y los sectores dialoguistas de la Confederación General del Trabajo (CGT). El esquema anterior ponía en riesgo el flujo financiero hacia las obras sociales sindicales, un sector que enfrenta severas dificultades operativas.
El ajuste normativo coincide además con el inicio de un calendario de movilizaciones sindicales.
Mientras los sectores gremiales preservan el esquema de recaudación mediante las cuotas colectivas pactadas en los convenios, el Poder Ejecutivo prioriza la estabilidad de las negociaciones sectoriales. ¿Representa esta flexibilización un paso firme hacia el consenso a largo plazo entre las partes, o resurgirán nuevos debates sobre los costos laborales en la mesa de negociación?
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