En busca de frenar el quiebre interno del oficialismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel recibió en su despacho del Senado a Patricia Bullrich para acordar un pacto de convivencia que garantice los debates parlamentarios pendientes.
En busca de frenar el quiebre interno del oficialismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel recibió en su despacho del Senado a Patricia Bullrich para acordar un pacto de convivencia que garantice los debates parlamentarios pendientes.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, recibió en su despacho del primer piso del palacio legislativo a la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza Patricia Bullrich. El encuentro privado, desarrollado a pedido de la referente oficialista durante el receso invernal, se extendió durante veinte minutos con el objetivo de descomprimir la crisis política desatada tras la filtración de conversaciones privadas y la radicación de una denuncia judicial entre asesores de ambas dirigentes.
Fuentes parlamentarias confirmaron que la reunión concluyó con el compromiso de sostener el funcionamiento de la Cámara alta a partir de la primera semana de agosto. Las discrepancias surgieron a partir de las diferencias en torno al proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, cuyo tratamiento pasó a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto tras registrar modificaciones en más de 15 borradores.
La controversia escaló a partir de la difusión de un intercambio de mensajes sobre el articulado de la norma, en particular respecto al capítulo que habilita la venta de tierras rurales a extranjeros.
La titular del Senado recriminó la divulgación de las conversaciones, mientras que la jefa de la bancada oficialista justificó la distribución de los textos entre los integrantes del bloque para fijar las posturas internas ante una eventual votación.
Paralelamente, la disputa derivó en el fuero penal federal. El prosecretario parlamentario Cristian Larsen presentó una denuncia por presuntas amenazas contra el director general del cuerpo de asesores de la Presidencia del Senado, Mario Russo. La causa recayó en el juzgado a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien dispuso la asignación de custodia policial para el denunciante en el ámbito del Congreso.
El acercamiento institucional entre ambas partes resulta clave para la reactivación de la actividad legislativa en un recinto integrado por 72 senadores. La bancada oficialista requiere consensuar con la Presidencia del cuerpo el armado de la orden del día y las convocatorias a Labor Parlamentaria para evitar nuevos reveses en sus iniciativas prioritarias.
Asimismo, el paquete de reformas impulsado por el Poder Ejecutivo incluye iniciativas complejas como la reforma electoral, la ley de Sociedades, modificaciones al régimen de zonas frías, ludopatía y salud mental.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez respectivamente, deberán encauzar el debate de los articulados para lograr dictámenes de consenso.
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