La expresidenta sumó a su equipo al jurista Rafael Valim, especialista en ‘lawfare’ y exdefensor de Lula da Silva. La estrategia busca denunciar violaciones a sus garantías judiciales ante organismos internacionales tras la condena en la causa Vialidad.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner contrató al jurista brasileño Rafael Valim para asumir su representación legal ante organismos internacionales, según confirmaron fuentes allegadas a la exmandataria. La decisión busca denunciar presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales y a las garantías del debido proceso en la causa Vialidad, expediente por el cual cumple prisión domiciliaria.
Puntos clave sobre la contratación de Rafael Valim:
Especialista en lawfare: el jurista brasileño integró la estrategia de defensa de Lula da Silva.
Denuncia internacional: recurrirá a la CIDH y organismos multilaterales denunciando persecución.
Situación procesal: la expresidenta cumple condena domiciliaria por la causa Vialidad.
Causas pendientes: afronta otros tres expedientes elevados a juicio oral sin fecha de inicio.
La nueva línea defensiva no es un planteo aislado, sino la formalización de la estrategia que sus abogados, Carlos Beraldi y Gregorio Dalbón, venían anticipando ante la justicia local. Tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema en junio de 2025, la defensa avanzó con presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional, argumentando la existencia de una persecución política y judicial.
Rafael Valim es un reconocido académico y jurista especializado en Derecho Público y Derechos Humanos. Doctor por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo y profesor visitante en la Universidad de Manchester, el abogado cuenta con extensa trayectoria en litigios ante tribunales internacionales y cortes supremas en la región.
Junto a Cristiano Zanin —actual magistrado de la Corte Suprema de Brasil— y Valeska Teixeira Zanin Martins, Valim formó parte de la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato. En 2017, los tres juristas fundaron el Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare y coescribieron la obra Lawfare: Waging War Through Law, convertida en texto de referencia para los debates sobre la utilización del sistema judicial con fines de proscripción política.
La contratación del abogado brasileño se produce en el momento más complejo de la situación judicial de Fernández de Kirchner. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad, sentencia ratificada de manera definitiva por el máximo tribunal en 2025.
Actualmente, la exjefa de Estado cumple régimen de prisión domiciliaria con monitoreo electrónico en su residencia del barrio porteño de Constitución. En paralelo, la Justicia ratificó la actualización del decomiso de bienes vinculados al expediente por un monto de $685.000 millones, medida que abarca 111 propiedades y que fue rechazada de plano por la defensa de la exmandataria.
A la condena firme en Vialidad se suman otros tres frentes judiciales que se encuentran elevados a juicio oral: la causa Hotesur-Los Sauces por presunto lavado de dinero, el expediente por el Memorándum de entendimiento con Irán y la causa Cuadernos, en la que se investiga una supuesta red de recaudación ilegal en la obra pública. Con la incorporación de Valim, la expresidenta buscará revertir su escenario judicial en las cortes internacionales.
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