Ante la Cámara Federal en Comodoro Py, el financista Elías Piccirillo solicitó este martes su excarcelación o el traslado de su arresto a Núñez. Procesado por armar un falso operativo policial contra un exsocio, argumentó conducta ejemplar para flexibilizar la medida.
Los Tribunales de Comodoro Py acogieron este martes la audiencia donde el financista Elías Piccirillo solicitó de manera personal el cese de su prisión preventiva. El empresario, procesado por la presunta organización de un operativo policial falso contra un exsocio, requirió de manera alternativa que la Justicia le permita cumplir la detención domiciliaria en el barrio porteño de Núñez.
Piccirillo concurrió a la sede judicial de Retiro provisto de un permiso especial de salida desde su actual lugar de detención, un departamento en la localidad bonaerense de Banfield. Ante los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Roberto Boico y Mariano Llorens, el acusado negó intenciones de fuga y afirmó haber colaborado con el desarrollo de la causa.
La causa principal atribuye a Piccirillo la planificación de un montaje concretado en enero de 2025, en el cual se colocó cocaína y un arma en el vehículo de su exsocio Francisco Hauque tras una reunión en el Palacio Duhau.
Según la acusación fiscal, la maniobra buscaba lograr la detención de la víctima para evitar el reclamo de una deuda estimada en 6 millones de dólares. Por este hecho, el empresario fue detenido en marzo de 2025 y permaneció en un establecimiento penitenciario hasta noviembre, cuando obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico.
Durante la exposición, los abogados defensores Alejandro Montiel y Fernando Diez sostuvieron que las pruebas fundamentales requeridas por la fiscalía se encuentran resguardadas.
Asimismo, argumentaron que los informes del Servicio Penitenciario Federal ratifican que el imputado respetó todas las condiciones del arresto sin registrar irregularidades.
La defensa añadió razones familiares y la necesidad de cercanía con su hija para fundamentar el pedido de mudanza al domicilio de su pareja, Florencia Epelbaum, quien se ofreció como garante junto al hermano del acusado.
Sin embargo, las solicitudes previas de libertad fueron rechazadas por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi. La fiscalía fundamentó la negativa en la existencia de riesgos procesales pendientes, entre ellos la realización de pericias sobre el teléfono móvil del financista para determinar si se efectuaron intimidaciones contra la víctima durante el período de arresto domiciliario.
Paralelamente al expediente por el procedimiento irregular, el financista afronta una investigación por presuntas maniobras con divisas en el mercado oficial y tramitación ilícita de autorizaciones de importación mediante el sistema SIRA.
Tras finalizar la intervención de las partes, los camaristas Boico y Llorens quedaron en condiciones de resolver si ratifican la decisión de primera instancia o conceden las medidas solicitadas por la defensa.
El tribunal resolverá en los próximos días un planteo que vuelve a poner en debate los criterios para conceder la libertad condicional a procesados con arresto domiciliario. ¿Hasta qué punto la garantía de sujeción al proceso justifica el mantenimiento de la prisión preventiva ante planteos de arraigo y colaboración del imputado?
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