Venezuela inició la demolición con explosivos de edificios colapsados tras el destructivo terremoto que dejó miles de víctimas. El gobierno busca estabilizar las zonas de riesgo en La Guaira para retomar de forma segura la búsqueda entre los escombros.
La administración pública venezolana puso en marcha la remoción forzada de torres de departamentos que quedaron inhabitables como consecuencia del devastador evento telúrico registrado semanas atrás en el litoral central. Con el propósito de prevenir desplomes imprevistos y proteger a las comunidades aledañas, unidades especializadas procedieron a la voladura con explosivos de un primer inmueble multifamiliar que presentaba un peligroso ángulo de inclinación, evento que generó fuerte impacto sonoro y alarma momentánea entre los residentes de las localidades costeras de La Guaira.
El operativo requirió acordonar múltiples manzanas, suspender la circulación peatonal y establecer señales de advertencia para garantizar la seguridad durante las maniobras técnicas. Según explicaron voceros institucionales, la intervención en estas estructuras con riesgo inminente de colapso resulta indispensable para estabilizar el terreno y posibilitar que los equipos de rescate reanuden de forma segura la búsqueda de restos biológicos entre los escombros acumulados.
El impacto operacional del fenómeno sísmico derivó en cerca de doscientas edificaciones completamente destruidas y más de ochocientas construcciones con fallas estructurales severas. Las imágenes en las ciudades ribereñas exponen un panorama de severa devastación, con bloques habitacionales desprovistos de fachadas y cúmulos de materiales de construcción bloqueando el paso en la vía pública, mientras los organismos financieros internacionales calculan los costos de reparación en decenas de miles de millones de dólares.
A pesar de las explicaciones preventivas brindadas por las autoridades a los habitantes antes de los estallidos, la población local experimenta momentos de angustia debido al recuerdo reciente del desastre. En tanto se avanza con la neutralización de los bloques de mayor peligro, los especialistas sostienen que la remoción total de escombros demandará un esfuerzo prolongado de infraestructura para recuperar la normalidad en las zonas afectadas.
El Ministerio de Justicia presentó a Javier Milei cinco candidatos para cubrir dos vacantes en la Corte Suprema. Tras fallidos intentos previos y mientras envía pliegos de juzgados inferiores al Senado, la Casa Rosada busca definir perfiles constitucionales.
En el juicio por Loan Peña, el comisario Fabio Pirrone afirmó que el niño no se perdió. Destacó contradicciones en los imputados, llamadas sospechosas y encubrimientos, mientras la fiscalía y las defensas mantuvieron intensos cruces durante las declaraciones.
La directora del Coro Nacional de Niños, María Isabel Sanz, rechazó el argumento oficial para la disolución del organismo. Aseguró que las presuntas inconsistencias administrativas debían solucionarse sin erradicar la institución y anunció que exigirán la derogación del decreto.
Las billeteras virtuales acumulan récords de deudas irrecuperables de bajos montos, mientras los bancos se desprenden de su cartera morosa. La pérdida de poder adquisitivo empuja a jóvenes y mujeres a endeudarse para cubrir gastos esenciales de supervivencia.
El Gobierno lanzó una licitación pública para contratar plataformas privadas que gestionen subastas electrónicas de bienes estatales en desuso. La medida busca agilizar trámites, reducir gastos de almacenamiento y transparentar la venta de vehículos, maquinarias y otros activos.
Jorge y Mauricio Macri debatieron el plan de desregulación porteño en el Ecoparque. Sin embargo, persisten las tensiones internas sobre la estrategia electoral para 2027, divididos entre negociar una alianza con La Libertad Avanza o preservar la autonomía del PRO.
El Gobierno aprobó el ingreso del megaproyecto minero Vicuña al RIGI, garantizando incentivos para una inversión histórica de 9.700 millones de dólares en San Juan. La iniciativa impulsará la extracción de cobre, oro y plata, dinamizando el empleo local.
La Pampa envió un proyecto para cobrar peaje a camiones de gran porte que cruzan la provincia hacia Vaca Muerta. La medida busca financiar la reparación del severo deterioro vial provocado por el aumento del tránsito pesado.
