Con el 80% del área rural de Puerto Libertad bajo el control de una firma chilena, la paralización del desarrollo local expone los riesgos de derogar la Ley de Tierras. La trastienda política de cara a la sesión clave del 6 de agosto.
Con el 80% del área rural de Puerto Libertad bajo el control de una firma chilena, la paralización del desarrollo local expone los riesgos de derogar la Ley de Tierras. La trastienda política de cara a la sesión clave del 6 de agosto.

La imposibilidad de un municipio para disponer de tan solo diez hectáreas destinadas a un parque industrial expone una problemática estructural que supera los límites administrativos. En Puerto Libertad, una localidad de 10.500 habitantes cercana a las Cataratas del Iguazú, las decisiones sobre el desarrollo productivo no se definen en el municipio ni en la gobernación provincial, sino en las oficinas corporativas de Santiago de Chile. Allí sesiona el directorio de Arauco, el conglomerado forestal que controla el 80% de la tierra rural del distrito y que mantiene congelada la negociación iniciada por la intendencia hace más de dos años.
Radiografía de la concentración territorial en Misiones:
Hectáreas bajo control: Arauco posee 62.000 hectáreas en Puerto Libertad y un total de 240.000 en toda la provincia.
Departamentos críticos: En Iguazú la extranjerización alcanza el 40%, seguida por Montecarlo (18,4%), General San Martín (16,8%) y Eldorado (16,2%).
Impacto productivo: El avance del monocultivo de pino y eucalipto desplaza el arraigo de pequeños productores y la agricultura diversificada.
El estancamiento de obras públicas, viviendas y proyectos de empleo local en la zona norte misionera demuestra los costos de un modelo que avanzó sin contrapesos. Misiones registra un 11,3% de su superficie rural en manos de capitales extranjeros, alcanzando más de 325.750 hectáreas. Esta franja resulta estratégica por contar con frontera internacional en el 90% de sus límites y por colindar con la Vía Navegable Troncal sobre el río Paraná.
La presencia del gigante celulósico comenzó a consolidarse en 1996 a través de la adquisición de Alto Paraná, completando su escala actual en 2002 tras comprar los activos del grupo Pérez Companc. Aquel proceso de concentración desmedida solo se frenó con la aprobación de la Ley de Tierras en 2011, normativa que fijó un límite del 15% a la titularidad extranjera.
Hoy, la discusión cobra un tono dramático ante el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional para derogar los artículos principales de dicha ley. La iniciativa oficialista busca habilitar la compra de campos sin restricciones, bajo la promesa de atraer inversiones por 15.000 millones de dólares en la industria forestal y agroindustrial. Sin embargo, más de 30 organizaciones sociales, sindicales y campesinas denunciaron que tres corporaciones ya concentran el 20% de la tierra rural misionera, advirtiendo que la desregulación total profundizará la expulsión de productores locales.
En las vísperas de la sesión clave programada para el 6 de agosto en el Senado, el escenario político en la provincia ingresó en una fase de alta volatilidad. El gobernador Hugo Passalacqua reclamó públicamente que los legisladores nacionales representen los intereses locales y voten en contra del proyecto de la Casa Rosada, marcando un quiebre en el tablero político provincial.
El desenlace de la votación estará condicionado por la posición que adopten los senadores oficialistas provinciales Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes aún mantienen su voto en reserva, frente al alineamiento ya anunciado del senador opositor Martín Goerling a favor de la medida. El debate parlamentario no solo definirá los límites dominiales en la Argentina, sino también el grado de autonomía real que tendrán las comunidades locales frente a las corporaciones multinacionales.
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