Ajustada negociación en el Senado por la Ley de Propiedad Privada

La Libertad Avanza busca aprobar en el Senado la Ley de Propiedad Privada para flexibilizar la compra de tierras por extranjeros. Pese a lograr acuerdos internos, enfrenta resistencias de senadores provinciales y aliados que ponen en duda la votación.

Patricia Bullrich. Foto: NA.

Acuerdos internos y escenario de votación en el recinto

El Poder Ejecutivo atraviesa una prueba decisiva en la Cámara Alta con vistas al tratamiento del proyecto orientado a flexibilizar la adquisición de terrenos rurales por parte de capitales internacionales. Tras saldar divergencias entre la conducción de la bancada libertaria y áreas clave del Gabinete respecto a las modificaciones incorporadas al texto final, la bancada oficialista busca garantizar los consensos necesarios mediante encuentros previos con sectores aliados. Una particularidad institucional favorecerá la dinámica parlamentaria del bloque gubernamental, dado que la presidencia del debate quedará a cargo de la autoridad provisional del cuerpo debido a que la Vicepresidenta asumirá temporalmente la titularidad del Ejecutivo.

Reparos en las bancadas provinciales y ejes del proyecto

A pesar de los avances en la unificación del criterio propio, la iniciativa enfrenta la reticencia de legisladores alineados con administraciones provinciales del norte y del sur del país, quienes reciben condicionamientos locales en torno a la regulación de los recursos territoriales. Asimismo, representantes de espacios de la oposición dialoguista mantienen reservas sobre artículos específicos, sembrando dudas sobre el resultado final de la votación en la Cámara Alta.

En cuanto a la sustancia normativa, el texto prohíbe que Estados extranjeros o firmas con participación estatal de otros países adquieran inmuebles rurales, salvo que cuenten con la aprobación explícita de la jurisdicción provincial correspondiente y de la Nación. Muestra idéntico criterio para las compras en sectores limítrofes y fronterizos, incorporando además la supresión del silencio administrativo que autorizaba las operaciones automáticamente tras seis meses sin respuesta oficial.

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