Denis Portillo, abogado, especialista en trámites migratorios, explicó cómo el DNU 681/2026 modifica la Ley de Migraciones, qué conductas pueden derivar en expulsión y qué garantías conservan los extranjeros. La norma entró en vigencia el 29 de julio y deberá ser evaluada por el Congreso.
Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026 se incorporaron nuevas causales para impedir el ingreso y cancelar residencias de extranjeros que dirijan “mensajes de odio” o inciten a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos por motivos de nacionalidad.
La medida, que entró en vigencia el 29 de Julio, también alcanza a quienes participen o instiguen actos de ultraje contra símbolos patrios y ya genera un intenso debate entre abogados migratorios, constitucionalistas y actores políticos.
La reforma modifica el artículo 29 de la Ley 25.871 al incluir un inciso m) que habilita a la Dirección Nacional de Migraciones a denegar el ingreso en fronteras a quienes hayan dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto o contra algún ciudadano por motivos de nacionalidad. También se agrega un inciso h) al artículo 62 que permite cancelar residencias ya otorgadas por las mismas causales.
El artículo 63 establece que la cancelación puede derivar en conminación a abandonar el país o expulsión, considerando “las circunstancias fácticas y personales del interesado”. El texto aclara expresamente que no podrán encuadrarse en estas causales las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas protegidas por la Constitución.
Sin embargo, el decreto no define umbrales objetivos de qué es “odio” y qué es “crítica”, lo que deja un margen amplio de interpretación.
Para el abogado, la medida busca proteger a los argentinos frente a una “campaña internacional” de hostilidad que se intensificó tras el Mundial 2026. “El presidente está en el deber de proteger los intereses y la integridad física y mental de los argentinos”, afirmó en una entrevista para La Redacción.
Portillo reconoció que el decreto “va a colisionar” con el derecho a la libertad de expresión, pero sostuvo que “un derecho termina donde comienza otro”. A su juicio, la norma no afecta la crítica política, académica o ciudadana, porque el inciso es “muy específico” contra mensajes de odio y violencia.
El abogado admitió, sin embargo, que “hay una delgada línea y es bastante finita” entre una crítica legítima y un mensaje de odio. “Podría generar [confusión], pero ahí se estuviera obviamente tergiversando lo que es el inciso M, porque el inciso M está siendo muy directo y específico”, dijo.
El procedimiento de cancelación de residencia no es automático. La persona debe ser notificada por una disposición de cancelación y tiene 15 días hábiles para interponer un recurso jerárquico ante Migraciones. Si el recurso es rechazado, puede accionar vía recurso judicial.
En pasos fronterizos, el oficial migratorio puede impedir el ingreso a Argentina si detecta una publicación que encuadre en el nuevo inciso y labrar un acta con prohibición de reingreso por 5 años. El extranjero también puede recurrir vía consular y luego judicial.
Para expedientes de ciudadanía en trámite, una disposición de cancelación podría paralizar temporalmente el proceso, aunque no emitir una sentencia definitiva. “La persona tiene su derecho a la defensa porque estamos en un Estado democrático en donde el Poder Judicial es independiente”, sostuvo Portillo.
El DNU migratorio abre debate sobre judicialización de expulsiones. Foto: La Redacción.
Especialistas en derecho constitucional y la oposición cuestionaron la validez del DNU por falta de necesidad y urgencia y por invadir materias que corresponden al Congreso de la Nación. El decreto debe pasar por la Comisión Bicameral Permanente, que tiene 10 días hábiles para expedirse.
Portillo admitió que, en la práctica, “Migraciones no tiene la capacidad de recibir X cantidad de denuncias” y que el decreto funciona también como “instrumento político para capitalizar” y “generar opinión pública”. “Técnicamente es un proceso complejo, esto más que todo lo hacen es para generar opinión pública”, dijo.
El abogado también reconoció que el DNU “tiene varios vicios” y que estuvo en desacuerdo con otras modificaciones migratorias, como la exigencia de medios de vida comprobables para cambios de categoría. “No puedes exigirle a una persona que está recién llegada que tenga medios comprobables”, afirmó.
A pesar de las críticas, Portillo defendió que Argentina “sigue siendo un país totalmente abierto, absolutamente abierto”. “Yo creo que excesivamente para lo que la Argentina recibe de lo que da”, aseveró el especialista.
El abogado sostuvo que las políticas migratorias “han sido endurecidas, han sido más rígidas durante el gobierno de Javier Milei”, pero que el país “mantiene su espíritu”. “El hecho de exigirle a una persona que viene del extranjero como turista que tenga un seguro de viaje está perfecto”, afirmó.
Portillo también destacó que “la inmensa mayoría de los extranjeros son agradecidos con el país” y que solo “unos que no” se aprovechan de las bondades argentinas. “¿De que esto pueda exacerbar la xenofobia? No lo veo”, dijo.
El DNU faculta la inadmisión directa en puestos de Migraciones. Foto: DNM.
El decreto migratorio se apoya en el artículo 13 inciso 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que posee jerarquía constitucional, para prohibir “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia”. Sin embargo, especialistas advierten que las restricciones a la libertad de expresión deben ser precisas, necesarias y proporcionales.
“Siempre van a salir a tratar de defender por encima de todo el derecho a la libertad de expresión”, reconoció Portillo. “Pero ese derecho a la libertad de expresión tampoco da la libertad de poder expresar cualquier barbaridad”, agregó.
El abogado también cuestionó las declaraciones de figuras extranjeras que criticaron a Argentina tras el Mundial. “Viniendo también de España, que es uno de los países más racistas del mundo, en donde además son xenófobos y califican a los sudamericanos de ‘sudacas’”, dijo.
El decreto ya está en vigor, pero su validez dependerá del tratamiento en el Congreso y de posibles fallos judiciales. Mientras tanto, abogados migratorios comienzan a asesorar a extranjeros sobre cómo evitar caer en las nuevas causales de expulsión y qué hacer si Migraciones inicia un procedimiento.
“Esto realmente es un llamado de atención”, concluyó Portillo. “Técnicamente Migraciones no tiene la capacidad técnica ni el suficiente personal para procesar denuncias”.
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