El oficialismo enfrenta severas dificultades para reunir las adhesiones necesarias antes del reinicio del debate parlamentario. La creciente presión social, sumada a las dudas de bloques aliados de Misiones, Chubut y el radicalismo, pone en jaque la eliminación de límites a inversores extranjeros.
La bancada oficialista del Senado, conducida por Patricia Bullrich, atraviesa horas decisivas frente a la reanudación del debate parlamentario previsto para este jueves. El intento de aprobar el capítulo que busca la extranjerización de tierras productivas enfrenta un escenario complejo por la falta de respaldos garantizados.
Los ejes del conflicto en la Cámara Alta:
Límite legal vigente: La norma actual frena la propiedad extranjera al 15% del territorio nacional.
Fuga de apoyos: Legisladores de Misiones, Chubut y la UCR condicionan su voto positivo.
Resistencia social: Manifestaciones frente al Congreso y rechazo manifiesto de la Iglesia.
La iniciativa, redactada por el ministro Federico Sturzenegger, propone derogar las restricciones fijadas en 2011 para la compra de campos por parte de capitales foráneos. Sin embargo, el creciente rechazo en diversos sectores sociales provocó que senadores clave comiencen a revisar su posición original en el recinto.
Las alarmas se encendieron tras la presión ejercida por comunidades locales sobre los representantes de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. A este frente crítico se alinean las dudas de las senadoras patagónicas Edith Terenzi y Andrea Cristina, quienes responden tácticamente a la estrategia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres.
Dentro del bloque de la Unión Cívica Radical, varios integrantes ya expresaron su negativa a respaldar el articulado sin modificaciones sustanciales. Argumentan que la supresión de topes vulnera la integridad territorial y la soberanía nacional, sumando posturas inflexibles contra la propuesta impulsada por el Gobierno.
A la par de la resistencia política, la Iglesia Católica mantiene una posición crítica desde el inicio del plenario de comisiones. Aunque el Ejecutivo aceptó retirar el apartado que afectaba la regularización dominial en barrios populares, la cúpula eclesiástica mantiene su firme oposición a la venta irrestricta de bienes nacionales.
Este escenario confluirá este jueves en una manifestación de partidos políticos y organizaciones sociales a las puertas del Palacio Legislativo. La movilización busca presionar de forma directa a los senadores que mantienen una postura ambivalente frente al texto final.
A la resistencia parlamentaria se sumó la voz de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se distanció abiertamente de la iniciativa oficial a través de sus redes sociales. La titular del Senado renovó su militancia activa en contra de la entrega de tierras, profundizando la brecha política con la Casa Rosada.
La sesión representa el levantamiento del cuarto intermedio dispuesto el pasado 16 de julio, momento en que la falta de consensos obligó a frenar el tratamiento. En aquella jornada, varios legisladores radicales facilitaron el quórum para aprobar pliegos judiciales, pero advirtieron que no votarían el capítulo inmobiliario.
El combo legislativo no solo flexibiliza los inmuebles rurales, sino que busca acelerar los desalojos por ocupación, modificar los criterios de expropiación parlamentaria y flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego en zonas afectadas por catástrofes naturales.
Las negociaciones sufrieron cortocircuitos cuando el ministro Sturzenegger rechazó conceder a las provincias la facultad de establecer límites propios a las compras foráneas. Dicha rispidez encendió sospechas entre los senadores sobre un eventual veto presidencial posterior si se introducían cambios en el articulado.
Durante los últimos contactos con la prensa en la Cámara Alta, Patricia Bullrich buscó bajar la tensión ante las dudas sobre la presencia de aliados clave. Al ser consultada sobre las ausencias de legisladores en el recinto, declaró confiada: “Están de vacaciones, pero van a venir”.
De concretarse el proyecto, se derogaría el piso regulatorio de 2011 que impide a extranjeros poseer más del 30% de las tierras permitidas por jurisdicción. Las próximas horas serán determinantes para saber si la Casa Rosada logra destrabar los votos clave o enfrenta un duro revés parlamentario.
El Ministerio de Capital Humano desplegó un operativo de supervisión en escuelas para verificar el cumplimiento del cupo mínimo del 75% en el inicio del segundo semestre. CTERA encabeza la huelga nacional en reclamo de paritarias y recomposición salarial.
os crímenes de Milagros Cabrera y Juana Antonich reabren el debate sobre la violencia machista. Según datos oficiales, en lo que va del año se registra una víctima letal cada 35 horas, con un Estado cuestionado por el vaciamiento de políticas preventivas.
El Presidente vinculó la nueva estrategia de seguridad de la Casa Blanca con la histórica disputa de soberanía sobre las islas y ratificó el alineamiento irrestricto con Washington. Además, defendió la reforma del Banco Central para prohibir el financiamiento al Tesoro.
El mediocampista colombiano felicitó a su compatriota tras la victoria de Rosario Central en el Estadio Monumental, lo que desató críticas entre los simpatizantes del club de Núñez.
Un promedio de 17 relevamientos nacionales revela que el 59% de los argentinos percibe de forma negativa la situación económica actual. Pese al desencanto social, Javier Milei conserva una leve diferencia a favor en la intención de voto hacia la reelección en 2027.
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El oficialismo enfrenta severas dificultades para reunir las adhesiones necesarias antes del reinicio del debate parlamentario. La creciente presión social, sumada a las dudas de bloques aliados de Misiones, Chubut y el radicalismo, pone en jaque la eliminación de límites a inversores extranjeros.
Denis Portillo, abogado, especialista en trámites migratorios, explicó cómo el DNU 681/2026 modifica la Ley de Migraciones, qué conductas pueden derivar en expulsión y qué garantías conservan los extranjeros. La norma entró en vigencia el 29 de julio y deberá ser evaluada por el Congreso.
