Tras rechazar los controles del Gobierno nacional en escuelas bonaerenses por el paro docente de CTERA, la gestión de Axel Kicillof enfrenta posibles denuncias por obstrucción a la autoridad y sanciones a gremios.
Tras rechazar los controles del Gobierno nacional en escuelas bonaerenses por el paro docente de CTERA, la gestión de Axel Kicillof enfrenta posibles denuncias por obstrucción a la autoridad y sanciones a gremios.
El Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires protagonizaron este lunes un cruce institucional por la aplicación de la Ley de Modernización Laboral durante la jornada de paro docente convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
Mientras el Ministerio de Capital Humano desplegó inspectores para verificar el dictado de clases, la administración bonaerense ordenó no suministrar información al considerar que la medida vulnera la autonomía provincial.
El foco de la disputa se centró en la exigencia del Poder Ejecutivo nacional de garantizar una prestación mínima del 75% de la actividad en las escuelas, tras la inclusión de la educación como servicio esencial. A través de la Secretaría de Trabajo, el Gobierno instruyó a sus agencias territoriales a realizar un muestreo en los establecimientos.
Frente a esta iniciativa, el Ministerio de Trabajo bonaerense emitió una directiva interna a los equipos directivos e inspectores para abstenerse de responder a las solicitudes de los agentes nacionales, con el argumento de que el organismo central carece de facultades de fiscalización en la jurisdicción provincial.
Ante la negativa de las autoridades provinciales, el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, advirtió que la omisión de datos podría encuadrarse como una obstrucción a la autoridad.
Desde la cartera laboral nacional explicaron que el procedimiento sancionatorio no estará dirigido a los docentes que adhirieron a la medida de fuerza, sino a las organizaciones sindicales que promovieron la huelga, con penalizaciones que podrían incluir el cuestionamiento de la personería gremial en casos de incumplimientos reiterados.
Por su parte, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, cuestionó el operativo de relevamiento y consideró que las advertencias oficiales representan una presión sobre el ejercicio del derecho constitucional de huelga. La dirigente gremial reiteró el reclamo por la apertura de la Paritaria Nacional Docente, la recomposición del piso salarial —actualmente fijado en 500 mil pesos— y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado a principios de 2024.
El nivel de acatamiento del paro mostró registros desiguales según las distintas jurisdicciones. Mientras que desde el Gobierno nacional señalaron un funcionamiento normal en provincias como Mendoza, San Luis y Chaco, y un acatamiento inferior al 10% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocieron un mayor acatamiento en territorio bonaerense, La Pampa y Tierra del Fuego.
En tanto, las autoridades de CTERA calificaron la adhesión como masiva en todo el país y encabezaron una concentración frente al Ministerio de Economía de la Nación junto a otros gremios estatales.
La discusión sobre las paritarias expone posturas divergentes en torno a las responsabilidades jurisdiccionales. Desde el Ejecutivo nacional argumentaron que la negociación salarial le corresponde a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ser los empleadores directos de los docentes. En contraposición, los sindicatos exigieron que el Estado nacional mantenga su rol de financiamiento y fije un piso salarial unificado para todo el territorio.
La jornada concluyó con actuaciones administrativas en marcha por parte de Nación y la ratificación del reclamo sindical por mayores recursos presupuestarios. El escenario plantea el interrogante de si la vía sancionatoria logrará garantizar la continuidad de la actividad escolar en futuros conflictos o si profundizará las tensiones políticas entre la Nación y las provincias.
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Tras rechazar los controles del Gobierno nacional en escuelas bonaerenses por el paro docente de CTERA, la gestión de Axel Kicillof enfrenta posibles denuncias por obstrucción a la autoridad y sanciones a gremios.
