La UE realizará una reunión de urgencia para abordar la crisis migratoria en Ceuta y reducir fricciones internas. Frente a pedidos de endurecer controles y delimitar fronteras, España defiende una postura receptiva ante las exigencias de mayor blindaje.
Las autoridades de Interior del espacio comunitario mantendrán una sesión extraordinaria mediante videoconferencia para abordar la reciente contingencia en el norte de África y atenuar las fricciones políticas desatadas en el seno de la Unión Europea. La llegada masiva de personas registrada en la frontera ceutí reavivó las discrepancias ideológicas entre los socios del continente: mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez promueve una postura receptiva, naciones como Italia y Dinamarca exigen mayores restricciones al flujo migratorio e incluso sugirieron suspender la pertenencia de Madrid a la zona de libre tránsito, una medida desestimada por las leyes continentales y rechazada firmemente por el gobierno español y la representación francesa.
París consideró desmedida la propuesta de expulsión al destacar que gran parte de quienes ingresaron a la jurisdicción ya fueron retornados a territorio marroquí. No obstante, las discrepancias reflejan un clima de alta polarización política que rememora los debates iniciados a mediados de la década pasada sobre el reparto de responsabilidades en la custodia de las áreas limítrofes.
La conducción de la Comisión Europea, bajo la figura de Ursula von der Leyen, respaldó el llamado a la deliberación con el fin de definir una estrategia unificada que contemple el refuerzo de la seguridad en los puntos perimetrales críticos. Entre las alternativas en análisis se contempla intensificar el monitoreo tecnológico e implementar vallados defensivos en los sectores con mayor vulnerabilidad geográfica.
El debate se enmarca en un proceso previo de revisión normativa donde la comunidad continental habilitó el traslado de peticionarios de asilo no admitidos hacia instalaciones de procesamiento en terceros países. El bloque busca perfeccionar los tratados bilaterales con naciones del norte africano para frenar los desplazamientos irregulares y contener el crecimiento de las corrientes políticas de extrema derecha en la región.
La Prefectura Naval intimó a 536 profesionales de practicaje a reanudar sus tareas bajo amenaza de sanciones y denuncias penales. La medida de fuerza paralizó a más de 140 buques en rechazo al decreto de desregulación impulsado por el Gobierno.
La justicia hondureña concedió la libertad condicional al expresidente Juan Orlando Hernández, quien solo tendrá prohibido salir del país. Enfrenta cargos por el presunto desvío de diez millones de dólares públicos para financiar su campaña electoral de 2013.
Alejandro Toledo, encarcelado por corrupción a sus 81 años y con un delicado estado de salud, solicitó un indulto humanitario a la presidenta Keiko Fujimori. La decisión final sobre su excarcelación reaviva una histórica rivalidad política en Perú.
La recaudación de julio alcanzó $22,9 billones con una leve suba real del 1,2%, impulsada por el vencimiento extraordinario de Ganancias. Sin embargo, cayeron tributos clave como las retenciones al comercio exterior, las importaciones y las cargas previsionales.
Diversos países de América Latina delegan la seguridad pública en las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado. Sin embargo, especialistas advierten que esta estrategia genera vulneraciones a los derechos humanos y desvirtúa la función civil de la policía.
El gobernador Hugo Passalacqua renunció al partido de Carlos Rovira, consolidando la ruptura del oficialismo en Misiones. El mandatario proyecta competir con un sello propio en 2027 debido a sus profundas diferencias sobre la relación con el Gobierno nacional.
El sindicalista Facundo Moyano fue aprehendido por la policía en Belgrano tras perseguir en la vía pública a una mujer que salió desnuda de un edificio durante la madrugada. Las autoridades judiciales investigan las causas del altercado.
Claudio “Chiqui” Tapia solicitó acceso a la causa que investiga a Guillermo Tofoni y Foster Gillett por presunto lavado de dinero. La AFA evalúa ser querellante al considerar que las operaciones irregulares con futbolistas perjudicaron sus ingresos económicos.
