Ley de Tierras: el Gobierno cede y fija un tope del 25%

Ante la falta de votos en el Senado, el oficialismo aceptó modificar el capítulo de la Ley de Tierras. El nuevo borrador fija un techo del 25% a la compra por parte de extranjeros y concede facultades de reglamentación a las provincias.

En un intento decisivo por asegurar la aprobación del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, la bancada oficialista en el Senado dio luz verde a nuevas modificaciones en el articulado. La decisión busca destrabar el estancado debate parlamentario previsto para reanudarse este jueves en el recinto de la Cámara Alta.

Puntos clave de los cambios negociados:

  • Nuevo techo legal: La compra foránea tendrá un límite máximo del 25%.

  • Facultades provinciales: Las jurisdicciones podrán fijar topes más restrictivos.

  • Proyecciones de votos: El oficialismo confía en alcanzar entre 38 y 40 apoyos.

La reformulación técnica representa un giro significativo en la postura del Ejecutivo, que en sus borradores previos impulsaba la eliminación completa e irrestricta de los límites. La normativa actual, sancionada a fines de 2011, establece un piso máximo del 15% de superficie por distrito para la venta de terrenos rurales a capitales extranjeros.

Los detalles formales del nuevo consenso alcanzado serán presentados en una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo. La presentación oficial estará encabezada por Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, acompañada por los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, tras intensas y áridas conversaciones con el ministro Federico Sturzenegger.

Negociaciones parlamentarias y apoyo de los bloques

Con solo 21 senadores propios en el recinto, la fuerza gobernante requiere indispensablemente del respaldo de las bancadas dialoguistas para alcanzar la mayoría absoluta. Los operadores políticos de la bancada oficialista estiman que esta concesión técnica permitirá consolidar una base firme de 40 votos, sumando a integrantes de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales de Misiones.

La cesión llevada adelante por el oficialismo responde directamente a las crecientes advertencias de representantes provinciales sobre el impacto de la norma en sus territorios. En las últimas semanas, legisladores de bloques aliados manifestaron marcadas reservas en materia de soberanía, poniendo en serio peligro el corazón de la iniciativa del Gobierno.

Cabe recordar que el texto no se limita exclusivamente a la regulación inmobiliaria rural. La abarcativa propuesta del Poder Ejecutivo contempla además la agilización de los desalojos por usurpación, modificaciones sustanciales a los procesos de expropiación y reformas profundas a la Ley de Manejo del Fuego para liberar predios afectados por siniestros.

Rechazo social y posiciones cruzadas en el recinto

De forma paralela al tratamiento en el recinto, diversas organizaciones sociales y agrupaciones políticas convocaron a una manifestación masiva frente al Congreso para este jueves. Asimismo, la Iglesia Católica reiteró su tajante oposición al articulado desregulador, postura firme que sostiene desde las primeras reuniones en comisión.

A las contundentes voces críticas se sumó nuevamente la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ratificó su postura pública contraria a la extranjerización de recursos estratégicos. La titular de la Cámara Alta profundiza así una marcada diferenciación política de la línea económica trazada por la Casa Rosada.

En el caso específico de las empresas con participación estatal extranjera, el texto consensuado mantendrá un mecanismo de doble conforme. Este riguroso procedimiento requerirá la aprobación previa conjunta de Nación y provincias, otorgando a las autoridades locales la potestad de autorizar o vetar de manera definitiva las operaciones.

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