La Cámara Contencioso Administrativo confirmó la vigencia de la medida que obliga al Ejecutivo a actualizar salarios y becas, al devolver el expediente a primera instancia tras el fallo de la Corte Suprema.
La Cámara Contencioso Administrativo confirmó la vigencia de la medida que obliga al Ejecutivo a actualizar salarios y becas, al devolver el expediente a primera instancia tras el fallo de la Corte Suprema.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó este martes la vigencia de la medida cautelar que ordena al Gobierno nacional cumplir con la actualización de los recursos presupuestarios destinados a las universidades públicas. La decisión de la Sala III dejó sin efecto las apelaciones pendientes y remitió el expediente al juzgado de origen para su ejecución.
El tribunal resolvió que el recurso presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra la suspensión de la cautelar se volvió abstracto. Esta determinación se fundamentó en que la Corte Suprema de Justicia ya había rechazado el recurso extraordinario del Estado Nacional en junio pasado, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Al quedar firme la postura del máximo tribunal, desapareció el motivo legal que mantenía frenada la medida.
El conflicto legal comenzó tras la promulgación del Decreto 759/25, mediante el cual el Poder Ejecutivo condicionó la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
La norma, sancionada por el Congreso de la Nación en 2025 y ratificada luego de un veto presidencial, establece esquemas de recomposición salarial para docentes y no docentes, además de la actualización de programas de becas estudiantiles. Ante el incumplimiento de la ley, las autoridades universitarias y los gremios universitarios presentaron un amparo colectivo.
Con este nuevo pronunciamiento, la causa regresa al Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick. A partir de esta instancia, la representación legal de las casas de altos estudios solicitará la ejecución efectiva de los fondos.
Según estimaciones del sector, la aplicación de los artículos alcanzados por la cautelar implicaría una recomposición salarial adicional de entre el 25% y el 30% respecto de los acuerdos paritarios alcanzados en mayo.
El alcance de la medida involucra a 1.964.231 alumnos, 266.082 docentes y 65.851 trabajadores no docentes de más de 60 instituciones nacionales. En paralelo al trámite civil, en los últimos días se registró la primera denuncia penal contra el jefe de Gabinete de Ministros, interpuesta por el diputado Esteban Paulón, bajo la acusación de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por la no liquidación de las partidas.
Por su parte, el debate central sobre la validez del decreto presidencial y la exigencia de precisar las fuentes de financiamiento continúa su curso en la discusión de fondo. Mientras los gremios evalúan posibles medidas de fuerza ante el inicio del segundo semestre lectivo, el escenario judicial plantea el dilema de cómo y en qué plazos el Estado Nacional adecuará las partidas presupuestarias requeridas.
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