Un fallo de la Corte Suprema determinó que las prepagas no están obligadas a financiar medicamentos importados caros si existe una alternativa nacional más económica y aprobada por la ANMAT. La decisión sienta un precedente clave sobre coberturas sanitarias.
El máximo órgano de justicia del país emitió una decisión sin antecedentes al eximir a las entidades de medicina privada de financiar tratamientos traídos del exterior cuando exista en el mercado local un sustituto de menor valor monetario autorizado por la ANMAT. La resolución revocó las sentencias previas que obligaban a la cobertura de un esquema farmacológico estadounidense para la fibrosis quística, determinando que no resulta exigible la versión importada si el organismo regulador estatal ha validado la opción producida en el territorio nacional.
El dictamen judicial ponderó las pericias médicas del proceso, las cuales no detectaron contraindicaciones ni retrocesos en el cuadro clínico de la paciente tras la adopción del producto nacional. Al no constatarse objeciones del Cuerpo Médico Forense ni exigencias legales adicionales sobre estudios de bioequivalencia no contemplados por la normativa vigente, la Justicia fundamentó la viabilidad del reemplazo terapéutico ofertado por la prestadora.
El escenario resalta la necesidad latente de mecanismos institucionales para la valoración de insumos médicos y tecnologías de diagnóstico, en un contexto donde las controversias por coberturas representan una porción sustancial de la actividad en los juzgados federales. Con esta postura, la justicia equilibra la sostenibilidad financiera de las coberturas con la seguridad técnica garantizada por las autoridades de control nacional.
La actividad en Vaca Muerta registró 2.005 etapas de fractura en julio, marcando un récord para ese mes. YPF lideró con el 53% de las operaciones, mientras Halliburton encabezó los servicios técnicos en un contexto de sostenido crecimiento energético.
Joyce Wong asumió como nueva jefa de la misión del FMI para Argentina. La economista portuguesa, con experiencia previa en el país durante el macrismo, fiscalizará el cumplimiento de las metas fiscales para destrabar desembolsos por 869 millones de dólares.
La liquidación de la obra social militar derivó en dos modelos de atención: Seguridad derivó sus afiliados a una prepaga privada, mientras Defensa busca crear un sistema propio. En tanto, persisten problemas de cobertura y reclamos en el Congreso.
Un peritaje contable no halló nexos financieros entre Sofía Clerici y Martín Insaurralde por el viaje a Marbella. Ante este resultado, la defensa de la modelo solicitó ante la Justicia de Lomas de Zamora su sobreseimiento definitivo.
El Gobierno nacional alista los pliegos para privatizar las tres líneas del Belgrano Cargas. La licitación atrae a multinacionales y agroexportadoras locales, y busca concretar el primer gran traspaso estatal para asegurar inversiones e ingresos de divisas.
La organización ultra conservadora Political Network for Values desembarcó en Buenos Aires con respaldo del Gobierno y la Ciudad. El evento impulsó la agenda provida y reavivó especulaciones sobre la adhesión de Argentina al internacional Consenso de Ginebra.
Javier Iguacel declaró en el juicio de los Cuadernos sobre los pactos ilícitos en la obra pública durante el kirchnerismo. Reveló maniobras para direccionar licitaciones y justificó sus acusaciones en la abrupta baja de costos registrada tras modificar los pliegos.
Un fallo de la Corte Suprema determinó que las prepagas no están obligadas a financiar medicamentos importados caros si existe una alternativa nacional más económica y aprobada por la ANMAT. La decisión sienta un precedente clave sobre coberturas sanitarias.
