A un día de la sesión en la Cámara Alta, el rechazo en bloque de mandatarios aliados forzó al oficialismo a retirar el capítulo sobre extranjerización del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para evitar una derrota estruendosa.
A un día de la sesión en la Cámara Alta, el rechazo en bloque de mandatarios aliados forzó al oficialismo a retirar el capítulo sobre extranjerización del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada para evitar una derrota estruendosa.

A 24 horas de la sesión convocada en el Senado para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un grupo clave de gobernadores dialoguistas hizo valer su poder de fuego y obligó a la Casa Rosada a retirar del articulado el polémico capítulo de la Ley de Tierras. La maniobra de contención encabezada por Patricia Bullrich se activó ante la certeza de que el oficialismo no alcanzaba los 37 votos requeridos para sostener la iniciativa, amenazado por el voto negativo de provincias que habitualmente funcionan como aliadas del Poder Ejecutivo.
A pesar de los intentos previos del Gobierno por moderar la propuesta —incluyendo la elevación del 15% al 25% del límite para la compra de hectáreas por parte de extranjeros—, el consenso se derrumbó. Los jefes provinciales debieron calibrar el estrecho equilibrio entre mantener la sintonía política con la gestión nacional y atender la fuerte resistencia social al avance sobre recursos estratégicos locales.
La rebelión se consolidó con pronunciamientos simultáneos en distintas regiones del país. En el Sur, el neuquino Rolando Figueroa fijó postura al declarar públicamente que no acompañará “ninguna iniciativa que avance en la extranjerización de la tierra” y reclamó priorizar el acceso al territorio para argentinos con arraigo productivo. Su posición arrastró el voto en contra de la senadora Julieta Corroza.
En el Norte, el tucumano Osvaldo Jaldo —uno de los aliados más estrechos de Balcarce 50— confirmó que las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza votarían en contra de forma irreversible. “La gente puede venir a invertir, lo que no se puede es venir a apropiarse de nuestras tierras”, remarcó el mandatario.
A la movida se sumó el misionero Hugo Passalacqua bajo la consigna “Lo que amamos no se vende”, instruyendo a sus legisladores a frenar la iniciativa. En simultáneo, dirigentes afines al salteño Gustavo Sáenz (como la senadora Flavia Royón) y bloques del peronismo no kirchnerista también adelantaron su rechazo, dejando al dictamen oficialista sin margen de maniobra.
Frente al riesgo de una derrota altisonante en el recinto, el oficialismo cedió y podó el texto original para preservar la sesión del jueves y buscar la aprobación del resto de la norma sobre propiedad privada. Sin embargo, el poroteo de bancas continúa siendo extremadamente ajustado.
El debate parlamentario sumará un condimento procedimental determinante: los senadores Flavio Fama (intervenido de la rodilla) y Anabel Fernández Sagasti (en avanzado estado de gestación) solicitaron habilitar el voto remoto. Como la vicepresidenta Victoria Villarruel quedó provisoriamente a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje al exterior del Presidente, la conducción de la sesión estará en manos del puntano Bartolomé Abdala, garantizando un eventual voto de desempate a favor del oficialismo en caso de paridad.
La medida, dictada por la presidenta Keiko Fujimori, regirá durante 60 días en Pisco y San Andrés, contempla la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía.
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