Pablo Quirno cuestionó a Villarruel y pidió que se corra

Ante las duras críticas a la salud de Javier Milei y decisiones polémicas en el Senado, desde el Gobierno nacional reclamaron la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel para preservar la gobernabilidad del oficialismo.

El canciller Pablo Quirno solicitó la renuncia de Victoria Villarruel. Foto: captura.

El Gobierno nacional escaló el conflicto interno con la vicepresidenta Victoria Villarruel mediante un pedido público para que renuncie a su cargo. La ofensiva oficialista cobró fuerza tras un cruce en redes sociales entre la titular del Senado y la diputada Lilia Lemoine, en el cual la funcionaria afirmó sentir una “genuina preocupación” por el estado del presidente Javier Milei y sostuvo que el mandatario padece “persecuciones imaginarias que replica en la Argentina y el exterior”.

Declaraciones del canciller Pablo Quirno ratificaron la postura de la Casa Rosada al solicitar formalmente que la vicepresidenta se aparte de sus funciones. “Si no está de acuerdo o piensa que el presidente está en esa condición, que además es un comentario pseudo golpista, que se corra”, aseveró el ministro de Relaciones Exteriores en la señal A24.

El funcionario respaldó así la postura del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien el fin de semana argumentó que Villarruel debía dar “un paso al costado”.

Las acusaciones sobre presuntas intenciones de desestabilizar la administración sumaron tensión al enfrentamiento. Quirno reveló que, durante los primeros tres meses de mandato, la funcionaria sostuvo reuniones con diversos actores sociales manifestando: “No se preocupen, si pasa algo, yo estoy”.

Según el canciller, estas conductas resultaron “contrarias a la autoridad presidencial” e incompatibles con el rol de acompañamiento que exige la integración de la fórmula de gobierno.

Diferencias en el ámbito del Congreso profundizaron el quiebre institucional. La senadora Patricia Bullrich criticó la decisión de la presidencia del Senado de autorizar el voto remoto de la legisladora Anabel Fernández Sagasti por cursar un embarazo avanzado, al considerar que la medida constituye un “mamarracho jurídico”.

En tanto, la exdiputada Silvana Giudici cuestionó que la titular del cuerpo aplique una resolución antirreglamentaria tras haber argumentado previamente que no podía intervenir en las decisiones del pleno cuando los senadores aumentaron sus dietas.

Las discrepancias en la conducción política y choques normativos terminaron por fracturar de manera definitiva la relación entre los integrantes del Poder Ejecutivo. La acumulación de acusaciones cruzadas y decisiones administrativas contrapuestas consolida un escenario de aislamiento de la figura vicepresidencial dentro de la propia coalición de gobierno.

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