Fentanilo adulterado: Indagaron a exfuncionarias de la ANMAT

Dos exfuncionarias de la ANMAT declararon ante la justicia federal tras ser detenidas por el fentanilo adulterado. Se las investiga por omitir controles preventivos que permitieron la circulación del fármaco contaminado, el cual causó decenas de muertes y lesiones.

Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, ex directivas investigadas. Foto: SAFYBI.

Comparecencia en los tribunales bonaerenses y derivaciones hacia las máximas autoridades sanitarias

Las exfuncionarias del organismo regulador farmacéutico Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó se presentaron ante la magistratura federal platense tras las aprehensiones impulsadas por la fiscalía interviniente. Las exdirectivas, vinculadas al expediente por el suministro de ampollas defectuosas elaboradas por firmas privadas que cobraron decenas de vidas, prestaron testimonio en las oficinas del juez Ernesto Kreplak tras ser custodiadas por fuerzas policiales.

Durante las audiencias, Bisio solicitó diferir la finalización de sus respuestas para elevar un escrito, otorgándosele la liberación bajo el pago de una caución dineraria. En contraste, Mantecón Fumadó amplió sus declaraciones por varias horas, ratificando presentaciones previas donde atribuyó conocimiento de los hechos a sus superiores directos y al actual titular de la cartera de Salud ministerial, repartición que recientemente fue objeto de secuestro de documentación administrativa.

Omisiones en las fiscalizaciones y acusaciones sobre la cadena de control

La fiscalía sostiene que existían datos certeros acerca de las faltas graves e incumplimientos normativos en las plantas industriales de Ramallo y HLB Pharma previo a la distribución masiva de los lotes. Las actuaciones judiciales enfatizan que la omisión de medidas preventivas inmediatas, tales como la paralización de la comercialización o la quita de licencias operativas, permitió que los fármacos nocivos circularan por centros asistenciales del país.

El avance de las diligencias penales revalida los hallazgos previos surgidos de las auditorías internas estatales y del trabajo de la comisión investigadora en el Congreso Nacional. Los querellantes y representantes de las víctimas valoran la fijación de imputaciones penales sobre las cadenas de custodia institucional como un avance indispensable para deslindar las responsabilidades civiles y funcionales del trágico episodio.

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