Una presentación judicial ante el Fuero Federal de General Roca alerta sobre una maniobra de subvaluación de activos estatales para transferir el Complejo Comahue a grupos económicos vinculados al poder. Cuestionan al Ministerio de Economía y afirman que las adjudicaciones podrían ser declaradas nulas.
En medio de la polémica por el plan de privatizaciones con el que el Poder Ejecutivo nacional busca recaudar más de 2.300 millones de dólares, la Fundación Soberanía amplió una denuncia penal en Neuquén que pone bajo la lupa la concesión de las centrales hidroeléctricas del Complejo Comahue. El escrito, radicado en el Juzgado Federal de General Roca a cargo del juez Hugo Greca, solicita la anulación de los procesos licitatorios tras advertir sobre la existencia de un mecanismo sistemático destinado a subvaluar los activos estratégicos del Estado en beneficio de un reducido grupo de empresarios.
Según el documento, la operatoria respondió a una “cadena de ilegalidades” estructurada en cuatro etapas dentro de la órbita del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo. En ese marco, fuentes gubernamentales señalan por bajo alto que las negociaciones técnicas fueron delegadas a un sector interno de la gestión que dejó al margen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El eje central de la presentación judicial cuestiona la maniobra utilizada para desplazar la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN). Según la denuncia, la Secretaría de Energía y el organismo de control intercambiaron notas para preconstituir una “imposibilidad temporal” que justificara el traspaso de las funciones de tasación al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), entidad conducida por Maximiliano Voss.
Al depender jerárquicamente del propio Palacio de Hacienda, el BICE actuó sin la independencia técnica ni las competencias legales requeridas para tasar bienes estatales. De esta manera, el Ministerio de Economía concentró de forma simultánea el diseño de los pliegos, la valuación de los activos, el proceso licitatorio y la adjudicación, configurando una severa opacidad procedimental e incompatibilidad de funciones.
A su vez, la querella impugna la utilización del método de Flujo de Fondos Descontados (FFD) impuesto para calcular el precio de los activos. La presentación destaca que la propia normativa del TTN y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia estipulan que las empresas públicas deben valuarse mediante el método patrimonial, ya que los flujos futuros representan meras “ganancias hipotéticas” que facilitan la venta de infraestructura pública por debajo de su valor real.
El escrito remarca que el apuro fiscal y la modalidad de concursos “sin base” terminaron por consolidar un patrón recurrente de beneficiarios vinculados al entorno oficial:
Alicurá y Cerros Colorados: Adjudicadas a Edison Inversiones S.A.U., firma perteneciente a los hermanos Patricio y Juan Neuss.
El Chocón – Arroyito: Quedó en manos de BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, propiedad de Manuel Santos Uribelarrea.
Piedra del Águila: Asignada a Central Puerto S.A., cuyos principales accionistas son Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany.
Frente a la gravedad de las irregularidades detectadas, la Fundación Soberanía solicitó la citación a declaración testimonial de los empresarios involucrados y exigió la inmediata suspensión de los contratos, advirtiendo que los actos administrativos ejecutados arrastran vicios insanables que configuran su nulidad absoluta.
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