El fiscal federal solicitó que el exjefe de Gabinete justifique el origen de sus fondos, la compra de propiedades, los pagos millonarios en efectivo a contratistas y el uso de tarjetas de crédito a nombre de empleados subordinados.
El fiscal federal solicitó que el exjefe de Gabinete justifique el origen de sus fondos, la compra de propiedades, los pagos millonarios en efectivo a contratistas y el uso de tarjetas de crédito a nombre de empleados subordinados.
El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen e intimó al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, a justificar 20 inconsistencias patrimoniales detectadas durante su paso por la función pública. El requerimiento se formuló tras un contraste minucioso entre las declaraciones juradas del exfuncionario, sus gastos de consumo y diversos testimonios recabados en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Ejes principales de la intimación:
Desfasaje financiero: Se detectó un déficit de $43 millones entre ingresos familiares ($229,7 M) y egresos comprobados ($272,8 M).
Refacciones millonarias: Pagos por USD 245.000 en efectivo al contratista Matías Tabar para remodelar su casa en el country Indio Cuá.
Tarjetas de terceros: Utilización de credenciales bancarias de empleados públicos a sus órdenes para adquirir bienes suntuarios y mobiliario.
Entre los puntos más comprometedores, la fiscalía exigió precisar el origen de $400 millones declarados en rectificaciones recientes, atribuidos por el exfuncionario a ganancias con criptoactivos previas a la gestión pública. La investigación solicita la trazabilidad bancaria, registral y documental que acredite la fecha, el monto y las contrapartes de dichas transacciones bursátiles.
Asimismo, el dictamen puso bajo la lupa la adquisición de la casa en el lote 380 del Country Indio Cuá y la compra de un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito. En esta última operación, uno de los involucrados declaró la entrega de 65.000 dólares por fuera de la escritura para afrontar refacciones, sumado a la compra de amoblamientos abonados en efectivo.
El informe judicial advierte sobre una reiterada utilización de terceros para efectuar compras y pagos. En particular, la fiscalía constató que dos empleados bajo la órbita de Adorni le facilitaron sus tarjetas para la adquisición de monitores y proyectores por valores millonarios, mientras que otra colaboradora figuró como titular de una compra de 8 millones de pesos en blanquería, dinero que habría sido entregado en mano por su cónyuge.
A la par, Pollicita requirió documentación respaldatoria sobre deudas familiares declaradas —por $16 millones con su madre y $18 millones con la sucesión de su abuela— y sobre el origen de partidas atribuidas a herencias, con las cuales el exjefe de Gabinete intentó justificar la mayor parte del incremento en sus activos.
El dictamen exige además aclarar el origen de acreditaciones no salariales en la cuenta sueldo del Banco Nación del exfuncionario, así como la cancelación de saldos mensuales superiores a $10 millones en su tarjeta de crédito y de $15 millones en la de su esposa, Bettina Angeletti.
Finalmente, el fiscal solicitó información sobre 20 operaciones documentadas por la ARCA entre 2024 y 2025 por montos superiores a $6 millones, que carecen de una actividad comercial de respaldo bajo su CUIT. Con este requerimiento, la Justicia busca determinar si existió una maniobra de enriquecimiento ilícito e incompatibilidad con la función pública.
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El fiscal federal solicitó que el exjefe de Gabinete justifique el origen de sus fondos, la compra de propiedades, los pagos millonarios en efectivo a contratistas y el uso de tarjetas de crédito a nombre de empleados subordinados.
