Un informe reveló que el Gobierno nacional no distribuyó $784.000 millones del impuesto al combustible a las provincias entre enero y julio. Los recursos para obras viales y transporte fueron derivados a inversiones financieras para sostener el equilibrio fiscal.
Durante los primeros siete meses de 2026, el Gobierno nacional decidió no distribuir una millonaria suma de dinero a las provincias. Se trata de recursos provenientes de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos, que por ley deberían destinarse al mantenimiento de las rutas y a la infraestructura de todo el país.
El dato explosivo: El Gobierno retuvo exactamente $784.290 millones en solo un semestre, frenando obras clave en todo el territorio.
El objetivo oficial: Usar los millonarios fondos de infraestructura para realizar inversiones financieras que aseguren el superávit.
Provincias afectadas: Las 24 jurisdicciones del país se quedaron sin recursos para reparar rutas nacionales que se encuentran completamente deterioradas.
Esta preocupante situación fue expuesta tras conocerse un detallado informe de la consultora Galois, liderada por el economista Rodolfo Correa Becker. El estudio analiza cuánto dinero adicional habría ingresado a las arcas provinciales y a CABA, si se hubieran respetado estrictamente los coeficientes de coparticipación federal.
Las cifras del ejercicio económico demuestran que Buenos Aires fue la jurisdicción más perjudicada, ya que dejó de percibir la suma de $166.359 millones. En el podio de las retenciones le siguen muy de cerca Santa Fe, con $67.704 millones, y Córdoba, con un faltante de $67.266 millones, fondos vitales para el desarrollo regional.
En el segundo pelotón de provincias afectadas se ubican Chaco con $37.792 millones y Entre Ríos con $36.989 millones. A estas las acompañan otros distritos clave como Tucumán ($36.041 millones) y Mendoza ($31.590 millones), demostrando que la retención de estos ingresos golpeó a todas las regiones productivas de Argentina por igual.
El esquema financiero también afectó duramente al norte y litoral, dejando a Salta sin $29.037 millones y a Corrientes con $28.161 millones menos. En el fondo de la tabla, con menores índices de reparto pero igual necesidad de obras, aparecen Neuquén ($13.148 millones), Chubut ($11.981 millones) y Tierra del Fuego ($9.343 millones), cerrando un mapa de carencia vial generalizada.
El millonario monto analizado por la consultora surge de tomar el 35,44% de la recaudación acumulada por este tributo, que alcanzó un total de $3.839.125 millones hasta julio. Esa porción específica está legalmente asignada a tres fondos clave: el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, el de Infraestructura Hídrica y la compensación del transporte público nacional.
En lugar de transferir ese dinero, el Ministerio de Economía decidió retenerlo de manera deliberada y colocarlo en diferentes herramientas de rentabilidad. Según reconoció el propio vocero de la Casa Rosada, Adrián Ravier, estos recursos se computan para alcanzar el ansiado equilibrio fiscal, postergando indefinidamente el arreglo de los caminos.
La polémica estructural se centra particularmente en el Fideicomiso de Infraestructura de Transporte (SisVial). Hacia finales de mayo, más de $1 billón de estos fondos permanecían inmovilizados en inversiones financieras, mientras que provincias como Santa Fe debieron colocar carteles para advertir que el estado de las rutas es responsabilidad exclusiva del Estado nacional.
El debate por la distribución y asignación de este tributo no es nuevo en la política argentina y arrastra un conflicto prolongado. Durante el año 2025, los gobernadores intentaron impulsar una ley para eliminar estos fondos fiduciarios y transformar el dinero en transferencias directas, buscando elevar al 57,02% la participación provincial.
Aunque aquel proyecto estratégico de los mandatarios logró una aprobación abrumadora en el Senado, con 56 votos a favor y solo 1 en contra, terminó naufragando. En la Cámara de Diputados, la iniciativa obtuvo 126 votos, quedando a solo tres voluntades de la mayoría absoluta requerida por Martín Menem, quien argumentó que se trataba de una reforma profunda de coparticipación.
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