El presidente Javier Milei confirmó oficialmente que la reforma a la Ley del Libro no ingresará al Congreso. Tras semanas de intensa polémica e incertidumbre en las industrias culturales, la iniciativa elaborada por el Ministerio de Desregulación quedó apartada del temario legislativo del Gobierno nacional.
Decisión oficial: La derogación de la norma no formará parte de la agenda parlamentaria.
Rechazo masivo: Editores, libreros y autores advirtieron sobre el riesgo de cierres en el sector.
Giro político: La mesa ejecutiva priorizará medidas económicas estructurales.
La propuesta pretendía derogar la Ley 25.542 de Precio Único de Venta al Público de Libros, una norma histórica que establece un valor uniforme fijado por el editor. El objetivo oficial buscaba fomentar la competencia de precios, pero generó una alarma generalizada dentro del circuito editorial independiente y comercial.
El trasfondo político y la alineación del Gabinete
En recientes declaraciones públicas, el jefe de Estado aclaró que la agenda legislativa se define en la mesa política, remarcando que “hay perfecta consonancia en el proceso decisorio”. De esta manera, el Ejecutivo decidió pausar el debate para enfocar esfuerzos parlamentarios en otras prioridades.
Previamente, la senadora Patricia Bullrich anticipó que la estrategia oficial buscará avanzar hacia reformas de mayor envergadura. La legisladora señaló que “farmacias y librerías no son medidas estructurales”, fundamentando así el apartamiento del proyecto del temario oficial ante el rechazo generado en la opinión pública.
Sin embargo, desde las oficinas conducidas por el ministro Federico Sturzenegger indicaron que el diálogo se mantiene abierto. Aunque la iniciativa no será tratada en el corto plazo, desde la cartera sostienen que la desregulación busca abaratar costos para los consumidores finales.
La postura del sector editorial frente a la desregulación
Durante las últimas semanas, la Cámara Argentina de Librerías Independientes expuso su postura en el Congreso de la Nación. Los representantes del rubro advirtieron sobre los severos riesgos de bancarrota que enfrentarían los comercios pequeños si se habilita la venta con libre descuento.
El reclamo central del sector enfatizó que la liberación de valores perjudicaría la bibliodiversidad y la producción nacional. Según advirtieron diversos referentes de la industria, las grandes cadenas comerciales podrían aplicar prácticas de deslealtad comercial y dumping, acaparando el mercado de los principales éxitos de ventas.
Incluso referentes de grandes empresas del sector, como el grupo ILHSA propietario de la cadena Yenny y El Ateneo, rechazaron de forma tajante la desregulación. Sus directivos alertaron que las plataformas de comercio digital y supermercados romperían el ecosistema de locales comerciales al reducir margen sobre los títulos más masivos.
El debate sobre la actualización tecnológica de la norma
A pesar del triunfo que representa la suspensión para las entidades culturales, referentes del rubro reconocen la necesidad de debates profundos. Diversos editores coinciden en que la normativa actual quedó rezagada frente a los nuevos hábitos de consumo y la irrupción del formato digital.
Desde la Fundación El Libro reafirmaron que las librerías cumplen una función social y comunitaria irremplazable dentro del entramado urbano. La ratificación de la validez de la norma frena momentáneamente las transformaciones en el mercado del libro, otorgando previsibilidad a la red de locales de todo el país.