Tras el reclamo judicial formulado por la agencia recaudadora ARCA, la Justicia federal ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Flybondi por más de 1.400 millones de pesos en impuestos retenidos, en medio del cese de sus operaciones.
Tras el reclamo judicial formulado por la agencia recaudadora ARCA, la Justicia federal ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Flybondi por más de 1.400 millones de pesos en impuestos retenidos, en medio del cese de sus operaciones.
La Justicia federal en lo Contencioso y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires ordenaron el embargo general de las cuentas bancarias de la línea aérea Flybondi. La resolución responde a un conjunto de demandas ejecutivas promovidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por deudas impositivas vencidas entre marzo y junio de 2026.
El monto reclamado en concepto de capital asciende a 1.256 millones de pesos, cifra que se incrementa hasta situarse por encima de los 1.444 millones de pesos tras sumar el 15% fijado judicialmente para cubrir intereses y costas del proceso. La medida cautelar trabada por los tribunales alcanza a cuentas corrientes, cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo de la firma, aunque la Justicia excluyó expresamente las cajas de seguridad y los fondos destinados al pago de haberes jubilatorios.
Los incumplimientos reclamados corresponden a tributos donde la compañía actuó en calidad de agente de retención y percepción, principalmente en el Impuesto a las Ganancias —con una suma superior a los 915 millones de pesos—, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Bienes Personales. Bajo esta figura legal, las aerolíneas descuentan los importes a proveedores y clientes para su posterior ingreso al Fisco.
La legislación penal tributaria sanciona la apropiación indebida de estos fondos cuando el monto supera determinados umbrales mensuales y transcurren 30 días desde el vencimiento.
No obstante, el encuadre penal no opera de forma automática ante la mera deuda impositiva, sino que requiere la acreditación de dolo por parte de los administradores en el manejo de los fondos recaudados.
El embargo judicial agrava una compleja situación patrimonial que arrastra la empresa administrada por el grupo financiero liderado por el empresario Leonardo Scatturice.
La firma acumula salarios impagos correspondientes a junio, julio y la mitad del aguinaldo, además de cortar el pago de aportes patronales que dejó sin cobertura médica al personal activo. Paralelamente, más de 700 trabajadores desvinculados reclaman el pago de indemnizaciones y retiros voluntarios homologados.
A pesar de que los vuelos de la compañía permanecen suspendidos desde inicios de agosto y de que en la Justicia Comercial se registran solicitudes de quiebra, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) mantiene las autorizaciones comerciales de la aerolínea, que continúa comercializando pasajes a través de sus canales digitales.
Frente a la parálisis operativa y la acumulación de reclamos judiciales, la conducción de la aerolínea evalúa alternativas para reestructurar sus pasivos, entre las cuales figura la eventual presentación de un concurso preventivo de acreedores para congelar los embargos y renegociar las acreencias.
La efectividad de estas medidas administrativas o la eventual intervención de las autoridades regulatorias determinarán si la empresa logrará restablecer su operatividad o si el proceso derivará en un desenlace judicial definitivo sobre su continuidad comercial.
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