La Cámara de Casación resolvió que la investigación por presunto lavado de dinero en la quinta de Pilar vuelva al fuero federal. La medida saca la causa del fuero Penal Económico porteño y reconfigura el escenario legal para la dirigencia deportiva.
La Cámara de Casación resolvió que la investigación por presunto lavado de dinero en la quinta de Pilar vuelva al fuero federal. La medida saca la causa del fuero Penal Económico porteño y reconfigura el escenario legal para la dirigencia deportiva.
En una definición clave para el mapa judicial y deportivo, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que la causa por presunto lavado de activos que investiga si una casaquinta en Pilar —valuada en 17 millones de dólares— fue adquirida por supuestos testaferros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deba tramitarse en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay. De esta manera, el expediente abandona de forma definitiva el fuero en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba radicado.
La decisión fue adoptada por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, con el voto en disidencia de Alejandro Slokar. El fallo fundamentó el cambio de fuero en la necesidad de preservar la garantía constitucional del juez natural y la competencia estricta que la ley le otorga a la justicia federal para investigar el delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal), descartando la intervención especializada del fuero penal económico porteño.
Más allá del encuadre estrictamente técnico de la resolución, la decisión de la Cámara de Casación representa un alivio procesal y una ventaja estratégica sustancial para la defensa de los imputados y, por extensión, para los dirigentes de la AFA salpicados por la investigación.
En primer lugar, la salida del fuero Penal Económico porteño aleja el expediente de un ámbito judicial caracterizado por su fuerte especialización en delitos tributarios, bursátiles y financieros. En la Ciudad de Buenos Aires, la causa había quedado bajo la órbita de la fiscalía de Claudio Navas Rial, una unidad con amplia experiencia en el rastreo de flujos de dinero complejos y cruces sistémicos con organismos de control como la ARCA (ex AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF). El fuero penal económico suele ejercer un escrutinio más severo sobre inconsistencias patrimoniales y maniobras de evasión corporativa.
En segundo lugar, el traslado responde de manera directa al planteo expreso de la defensa. El abogado Mariano Morán, representante de Luciano Pantano y Ana Conte —titulares de la firma “Real Central” y presuntos testaferros de la dirigencia del fútbol—, había reclamado insistentemente el retorno a Campana argumentando cuestiones de territorialidad, dado que la propiedad eje de las pesquisas se ubica en Villa Rosa, partido de Pilar. Lograr que el expediente regrese a la jurisdicción de origen confirma el éxito de la estrategia legal impulsada por el entorno de la AFA para fijar el litigio en un tribunal territorial.
Por último, la salida de la causa de los tribunales de la Capital Federal reduce la exposición pública inmediata y reacomoda los tiempos de la instrucción bajo la supervisión de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, cambiando la dinámica investigativa que venía imponiéndose en CABA.
La investigación se inició en diciembre de 2025 tras una denuncia que puso la lupa sobre la compra de la propiedad de Pilar. La adquisición fue realizada a través de la sociedad “Real Central”, cuyos titulares declarados —Pantano y Conte— mostraron inconsistencias significativas entre el valor de los inmuebles adquiridos y sus perfiles fiscales declarados ante la administración tributaria.
A la propiedad de Pilar se le sumó posteriormente el hallazgo de una flota de 54 vehículos de colección y alta gama, estimada en casi 4 millones de dólares, guardada en un galpón presuntamente vinculado a la misma red de bienes. La hipótesis central de los denunciantes sostiene que la estructura societaria y patrimonial habría sido utilizada como pantalla para canalizar fondos no declarados provenientes de directivos de la entidad madre del fútbol argentino.
En su pronunciamiento, los camaristas Borinsky y Barroetaveña enfatizaron que el reenvío de las actuaciones al Juzgado Federal de Campana no implica “retrotraer la pesquisa a etapas ya superadas” ni anular las pruebas recolectadas hasta el momento. Las medidas de prueba producidas durante el paso de la causa por el fuero Penal Económico mantienen su validez procesal.
Con el fallo de Casación ya firmado, la Cámara Federal de San Martín deberá girar las actuaciones “sin dilaciones” al despacho de González Charvay. A partir de ahora, el juez federal de Campana reasumirá la instrucción para determinar el origen de los fondos millonarios y establecer si existió una red de testaferros al servicio de la cúpula de la AFA.
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