Frente al aumento de la morosidad y los reclamos abusivos de bancos y fintech, Defensa del Consumidor advierte sobre los derechos de los usuarios. La ley prohíbe el acoso, la simulación de demandas y exige transparencia en el costo financiero.
Frente al aumento de la morosidad y los reclamos abusivos de bancos y fintech, Defensa del Consumidor advierte sobre los derechos de los usuarios. La ley prohíbe el acoso, la simulación de demandas y exige transparencia en el costo financiero.
El incremento del endeudamiento familiar en la Argentina disparó las alertas sobre las prácticas irregulares de cobro ejercidas por bancos, fintech y billeteras virtuales. Ante el multiplicatorio nivel de morosidad, los organismos de control registraron un aumento significativo de denuncias por falta de información contractual y maltrato.
Abusos más denunciados en las gestiones de cobro:
Acoso e intimidación: Contactos insistentes a deudores, familiares o lugares de trabajo.
Falsa apariencia judicial: Simulación de demandas o embargos que aún no existen.
Ocultamiento de datos: Falta de claridad en el Costo Financiero Total (CFT) e intereses.
El marco normativo vigente prohíbe expresamente el trato indigno y la difusión de la deuda a terceros no vinculados al contrato. Durante las gestiones extrajudiciales, es habitual que las agencias de cobro intenten atemorizar a los usuarios mediante cartas que simulan ser notificaciones de juzgados, una práctica totalmente redefinida como ilegal.
Frente a una intimación extrajudicial, el consumidor tiene el derecho inalienable de exigir la documentación respaldatoria antes de realizar cualquier desembolso o acuerdo. El especialista Sergio Mohadeb remarcó que resulta indispensable solicitar la liquidación detallada de capital e intereses para verificar la veracidad del monto reclamado y descartar posibles estafas.
La prescripción de la obligación constituye una de las principales defensas legales disponibles para los usuarios intimados. Si transcurrió el plazo fijado por el Código Civil y Comercial sin un reclamo formal de la entidad, el derecho a ejecutar la deuda vence, aunque esta herramienta debe ser planteada expresamente por el afectado.
Respecto a las tasas aplicadas, la Justicia establece límites precisos contra la usura en los créditos de consumo. Ante mora o atrasos, los magistrados judiciales tienen la facultad de ordenar la reducción de los intereses si superan desmedidamente los valores promedio del mercado, aliviando la carga acumulada sobre el saldo pendiente.
Para evitar un sobreendeudamiento mayor, los expertos desaconsejan firmar refinanciaciones con cuotas imposibles de afrontar. La recomendación técnica consiste en negociar planes de pago viables y por escrito, evitando la acumulación de nuevos costos por honorarios o costas de procesos judiciales innecesarios.
Las billeteras virtuales y fintech suelen otorgar créditos de manera inmediata pero con exigencias de análisis de solvencia sustancialmente menores que la banca tradicional. Esta flexibilidad operativa deriva en tasas de interés significativamente más elevadas, que incrementan el riesgo de mora si el usuario no evalúa su capacidad real de pago.
El deber de información transparente obliga a todas las entidades a exponer el Costo Financiero Total antes de la firma digital o presencial. Las empresas no pueden ocultar recargos en la letra chica, garantizando que el consumidor conozca con precisión el monto final que deberá abonar por el financiamiento otorgado.
La protección de los derechos crediticios exige que los usuarios mantengan la calma y exijan copias de los contratos firmados. Ante cualquier irregularidad o persecución indebida, los deudores pueden radicar su reclamo formal ante la Subsecretaría de Defensa del Consumidor para frenar los abusos de cobranza.
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