Sanatorios de la Patagonia suspenderán desde el 24 de agosto todo tipo de prestación a casi 300 mil jubilados. Denuncian que los aranceles cubren menos de la mitad de la inflación y que hay módulos que ni siquiera pagan los insumos.
Sanatorios de la Patagonia suspenderán desde el 24 de agosto todo tipo de prestación a casi 300 mil jubilados. Denuncian que los aranceles cubren menos de la mitad de la inflación y que hay módulos que ni siquiera pagan los insumos.
Por primera vez en la historia del sistema de salud privado argentino, sanatorios y clínicas de cuatro provincias patagónicas anunciaron el corte total de servicios para los afiliados del PAMI. La medida, calificada por los prestadores como un hecho inédito que no ocurrió ni durante la crisis del 2001, entrará en vigencia el próximo 24 de agosto y dejará sin cobertura médica a cerca de 300.000 jubilados y pensionados de la región sur del país.
Aranceles desfasados y aumentos postergados
La decisión extrema surge tras meses de continuo deterioro en los convenios de prestación. Según confirmaron los dueños de las instituciones afectadas, las actualizaciones otorgadas por el Gobierno nacional representan apenas la mitad de la inflación acumulada en los últimos meses. Frente a un índice de precios que registra un 19,3% en lo que va de 2026, el Poder Ejecutivo acordó otorgar únicamente un 6% de incremento para los prestadores de la obra social, el cual recién se hará efectivo en el mes de octubre.
Las miradas de los empresarios de la salud apuntan directamente al ministro Mario Lugones. Si bien desde la cartera sanitaria se había prometido destrabar un ajuste adicional del 1,9% para amortiguar el desfasaje, hasta el momento no se registraron novedades ni resoluciones oficiales, lo que precipitó la suspensión definitiva de las cartillas.
Procedimientos a pérdida y falta de insumos básicos
El descalce financiero llevó a que múltiples prácticas médicas resulten inviables para las clínicas, donde los fondos que transfiere la obra social no alcanzan para cubrir los costos operativos mínimos. “Hay procedimientos donde se pierde dinero, como en el área de urología. Solo el material descartable cuesta más caro de lo que paga PAMI“, graficó el propietario de uno de los sanatorios perjudicados.
A este déficit en los insumos descartables se le suman los costos fijos que la tarifa oficial no logra absorber, tales como honorarios de médicos y enfermeros, uso de quirófano, raciones de comida y mantenimiento de camas. Esta falta de financiamiento derivada del atraso arancelario desencadenó además un éxodo constante de profesionales y reducciones de personal dentro de los establecimientos.
De las restricciones parciales al apagón total
El conflicto no estalló de manera repentina. Desde el pasado mes de junio, los centros de salud privados —donde la facturación a la obra social estatal representa entre un 25% y un 55% de sus ingresos totales— comenzaron a aplicar esquemas de contingencia. Estas restricciones iniciales afectaron la atención de guardias, la recepción de derivaciones y la programación de cirugías.
Por primera vez en la historia del sistema de salud privado argentino, sanatorios y clínicas de cuatro provincias patagónicas anunciaron el corte total de servicios para los afiliados del PAMI. La medida, calificada por los prestadores como un hecho inédito que no ocurrió ni durante la crisis del 2001, entrará en vigencia el próximo 24 de agosto y dejará sin cobertura médica a cerca de 300.000 jubilados y pensionados de la región sur del país.
Aranceles desfasados y aumentos postergados
La decisión extrema surge tras meses de continuo deterioro en los convenios de prestación. Según confirmaron los dueños de las instituciones afectadas, las actualizaciones otorgadas por el Gobierno nacional representan apenas la mitad de la inflación acumulada en los últimos meses. Frente a un índice de precios que registra un 19,3% en lo que va de 2026, el Poder Ejecutivo acordó otorgar únicamente un 6% de incremento para los prestadores de la obra social, el cual recién se hará efectivo en el mes de octubre.
Las miradas de los empresarios de la salud apuntan directamente al ministro Mario Lugones. Si bien desde la cartera sanitaria se había prometido destrabar un ajuste adicional del 1,9% para amortiguar el desfasaje, hasta el momento no se registraron novedades ni resoluciones oficiales, lo que precipitó la suspensión definitiva de las cartillas.
Procedimientos a pérdida y falta de insumos básicos
El descalce financiero llevó a que múltiples prácticas médicas resulten inviables para las clínicas, donde los fondos que transfiere la obra social no alcanzan para cubrir los costos operativos mínimos. “Hay procedimientos donde se pierde dinero, como en el área de urología. Solo el material descartable cuesta más caro de lo que paga PAMI“, graficó el propietario de uno de los sanatorios perjudicados.
A este déficit en los insumos descartables se le suman los costos fijos que la tarifa oficial no logra absorber, tales como honorarios de médicos y enfermeros, uso de quirófano, raciones de comida y mantenimiento de camas. Esta falta de financiamiento derivada del atraso arancelario desencadenó además un éxodo constante de profesionales y reducciones de personal dentro de los establecimientos.
De las restricciones parciales al apagón total
El conflicto no estalló de manera repentina. Desde el pasado mes de junio, los centros de salud privados —donde la facturación a la obra social estatal representa entre un 25% y un 55% de sus ingresos totales— comenzaron a aplicar esquemas de contingencia. Estas restricciones iniciales afectaron la atención de guardias, la recepción de derivaciones y la programación de cirugías.
Sin embargo, la falta de respuestas oficiales aceleró el colapso del esquema. A partir del 24 de agosto, las clínicas dejarán de brindar cualquier tipo de prestación programada. Desde el sector denuncian que se trata de un mecanismo perverso que busca trasladar de forma indirecta el costo de la atención al bolsillo de los afiliados, a pesar de que la legislación vigente prohíbe el cobro directo a los jubilados.
Mas ande otro criollo pasa Martín Fierro ha de pasar, Nada la hace recular Ni las fantasmas lo espantan; Y dende que todos cantan Yo también quiero cantar.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos solicitó al Gobierno de Portugal reconsiderar los recortes a la legislación de identidad de género, alertando que la iniciativa reintroduce la patologización médica sobre la población trans.
Un estudio histopatológico determinó que Ángela Álvarez sufrió una muerte violenta por sofocación. Cuatro hombres quedaron imputados por robo seguido de muerte.
Durante la grabación del programa de Mario Pergolini en eltrece, Eugenia Suárez habría destruido un retrato de Martín Cirio ubicado en su camarín, según reveló Marina Calabró tras detallar viejos enfrentamientos entre ambas figuras.
Antes de su remate el 9 de diciembre en Nueva York, el vestido de seda que Diana de Gales inmortalizó en 1994 será exhibido globalmente por Sotheby’s, con una estimación de hasta 300 mil dólares.
En un reconocimiento inédito para el automovilismo nacional, la Legislatura porteña declaró de Interés Deportivo al TC2000. La iniciativa destaca más de cuatro décadas de trayectoria e innovación tecnológica vinculadas a las calles y autódromos de la Ciudad.
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La Justicia de San Juan abrió una investigación de oficio tras el hallazgo de un escrito en un sanitario de la Escuela Carlos María de Alvear, en Rawson. La inscripción, borrada poco después por directivas educativas, alertaba sobre un presunto abuso intrafamiliar.
Diputados británicos votaron contra el proyecto de ley para autorizar la muerte asistida en pacientes terminales, frenando un histórico cambio legislativo tras un tenso debate centrado en las garantías médicas y los cuidados paliativos.
