Sanatorios de la Patagonia suspenderán desde el 24 de agosto todo tipo de prestación a casi 300 mil jubilados. Denuncian que los aranceles cubren menos de la mitad de la inflación y que hay módulos que ni siquiera pagan los insumos.
Sanatorios de la Patagonia suspenderán desde el 24 de agosto todo tipo de prestación a casi 300 mil jubilados. Denuncian que los aranceles cubren menos de la mitad de la inflación y que hay módulos que ni siquiera pagan los insumos.
Por primera vez en la historia del sistema de salud privado argentino, sanatorios y clínicas de cuatro provincias patagónicas anunciaron el corte total de servicios para los afiliados del PAMI. La medida, calificada por los prestadores como un hecho inédito que no ocurrió ni durante la crisis del 2001, entrará en vigencia el próximo 24 de agosto y dejará sin cobertura médica a cerca de 300.000 jubilados y pensionados de la región sur del país.
Aranceles desfasados y aumentos postergados
La decisión extrema surge tras meses de continuo deterioro en los convenios de prestación. Según confirmaron los dueños de las instituciones afectadas, las actualizaciones otorgadas por el Gobierno nacional representan apenas la mitad de la inflación acumulada en los últimos meses. Frente a un índice de precios que registra un 19,3% en lo que va de 2026, el Poder Ejecutivo acordó otorgar únicamente un 6% de incremento para los prestadores de la obra social, el cual recién se hará efectivo en el mes de octubre.
Las miradas de los empresarios de la salud apuntan directamente al ministro Mario Lugones. Si bien desde la cartera sanitaria se había prometido destrabar un ajuste adicional del 1,9% para amortiguar el desfasaje, hasta el momento no se registraron novedades ni resoluciones oficiales, lo que precipitó la suspensión definitiva de las cartillas.
Procedimientos a pérdida y falta de insumos básicos
El descalce financiero llevó a que múltiples prácticas médicas resulten inviables para las clínicas, donde los fondos que transfiere la obra social no alcanzan para cubrir los costos operativos mínimos. “Hay procedimientos donde se pierde dinero, como en el área de urología. Solo el material descartable cuesta más caro de lo que paga PAMI“, graficó el propietario de uno de los sanatorios perjudicados.
A este déficit en los insumos descartables se le suman los costos fijos que la tarifa oficial no logra absorber, tales como honorarios de médicos y enfermeros, uso de quirófano, raciones de comida y mantenimiento de camas. Esta falta de financiamiento derivada del atraso arancelario desencadenó además un éxodo constante de profesionales y reducciones de personal dentro de los establecimientos.
De las restricciones parciales al apagón total
El conflicto no estalló de manera repentina. Desde el pasado mes de junio, los centros de salud privados —donde la facturación a la obra social estatal representa entre un 25% y un 55% de sus ingresos totales— comenzaron a aplicar esquemas de contingencia. Estas restricciones iniciales afectaron la atención de guardias, la recepción de derivaciones y la programación de cirugías.
Por primera vez en la historia del sistema de salud privado argentino, sanatorios y clínicas de cuatro provincias patagónicas anunciaron el corte total de servicios para los afiliados del PAMI. La medida, calificada por los prestadores como un hecho inédito que no ocurrió ni durante la crisis del 2001, entrará en vigencia el próximo 24 de agosto y dejará sin cobertura médica a cerca de 300.000 jubilados y pensionados de la región sur del país.
Aranceles desfasados y aumentos postergados
La decisión extrema surge tras meses de continuo deterioro en los convenios de prestación. Según confirmaron los dueños de las instituciones afectadas, las actualizaciones otorgadas por el Gobierno nacional representan apenas la mitad de la inflación acumulada en los últimos meses. Frente a un índice de precios que registra un 19,3% en lo que va de 2026, el Poder Ejecutivo acordó otorgar únicamente un 6% de incremento para los prestadores de la obra social, el cual recién se hará efectivo en el mes de octubre.
Las miradas de los empresarios de la salud apuntan directamente al ministro Mario Lugones. Si bien desde la cartera sanitaria se había prometido destrabar un ajuste adicional del 1,9% para amortiguar el desfasaje, hasta el momento no se registraron novedades ni resoluciones oficiales, lo que precipitó la suspensión definitiva de las cartillas.
Procedimientos a pérdida y falta de insumos básicos
El descalce financiero llevó a que múltiples prácticas médicas resulten inviables para las clínicas, donde los fondos que transfiere la obra social no alcanzan para cubrir los costos operativos mínimos. “Hay procedimientos donde se pierde dinero, como en el área de urología. Solo el material descartable cuesta más caro de lo que paga PAMI“, graficó el propietario de uno de los sanatorios perjudicados.
A este déficit en los insumos descartables se le suman los costos fijos que la tarifa oficial no logra absorber, tales como honorarios de médicos y enfermeros, uso de quirófano, raciones de comida y mantenimiento de camas. Esta falta de financiamiento derivada del atraso arancelario desencadenó además un éxodo constante de profesionales y reducciones de personal dentro de los establecimientos.
De las restricciones parciales al apagón total
El conflicto no estalló de manera repentina. Desde el pasado mes de junio, los centros de salud privados —donde la facturación a la obra social estatal representa entre un 25% y un 55% de sus ingresos totales— comenzaron a aplicar esquemas de contingencia. Estas restricciones iniciales afectaron la atención de guardias, la recepción de derivaciones y la programación de cirugías.
Sin embargo, la falta de respuestas oficiales aceleró el colapso del esquema. A partir del 24 de agosto, las clínicas dejarán de brindar cualquier tipo de prestación programada. Desde el sector denuncian que se trata de un mecanismo perverso que busca trasladar de forma indirecta el costo de la atención al bolsillo de los afiliados, a pesar de que la legislación vigente prohíbe el cobro directo a los jubilados.
Mas ande otro criollo pasa Martín Fierro ha de pasar, Nada la hace recular Ni las fantasmas lo espantan; Y dende que todos cantan Yo también quiero cantar.
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) exoneró a Virginia Aparicio, la investigadora que coordinó en Argentina el proyecto europeo SPRINT sobre residuos de agroquímicos. El organismo habla de faltas administrativas. Ella y buena parte de la comunidad científica, de persecución.
A pocos días de la llegada del Papa León XIV, Luis Astorga, carpintero de profesión, relata la intimidad de haber fabricado en su taller de barrio Las Palmas los dos sillones de paraíso que utilizará el pontífice en Córdoba.
A través de una publicación en X, el ministerio de Relaciones Internacionales mostró su solidaridad y acompañamiento al pueblo Español.
El senador brasileño aterrizó este miércoles en Florida junto a su familia. Cruzó a la Argentina por Iguazú, salió del país en un avión privado y hizo escala en Guayaquil. La Justicia de Brasil le había prohibido salir y canceló sus pasaportes.
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El grave accidente ferroviario de alta velocidad registrado en Toledo deja consternación institucional tras el mensaje de apoyo del Rey a los afectados y abre una creciente inquietud en las filas del Partido Popular, que aún no logra contactar con Fátima Báñez.
Se espera la declaración de otra de las denunciantes y existe la posibilidad de que también preste testimonial el acusado.
Así lo expresó el partido en un comunicado oficial
