El gobernador neuquino denunció que el costo del ducto hacia el país vecino se infla artificialmente para proteger el negocio del GNL. La disputa expone la puja por las rutas de salida de Vaca Muerta y el tenso clima de inversiones en la provincia.
El gobernador neuquino denunció que el costo del ducto hacia el país vecino se infla artificialmente para proteger el negocio del GNL. La disputa expone la puja por las rutas de salida de Vaca Muerta y el tenso clima de inversiones en la provincia.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, abrió un frente de conflicto inesperado y de alto impacto en el corazón operativo de Vaca Muerta. Durante su exposición en el Council of the Americas, el mandatario provincial acusó a una empresa multinacional de encarecer de forma deliberada el transporte del gas argentino hacia Chile para resguardar su propio negocio de Gas Natural Licuado (GNL) en el país trasandino.
Sin nombrar explícitamente a la compañía, el señalamiento de Figueroa apuntó de manera directa al grupo Naturgy, controlante mayoritario de Gasoducto del Pacífico, la vía de conexión que une la cuenca neuquina con la región chilena del Biobío.
“Tenemos ductos de gas a Chile que están subutilizados. Eso pasa porque quien es dueño del transporte es la misma empresa que le vende GNL a Chile, con lo cual eleva el costo del transporte para que el GNL lo puedan colocar en el vecino país”, sentenció el gobernador.
El mandatario neuquino puso cifras concretas sobre la mesa para graficar la distorsión del mercado. Según expuso, en la región del Biobío están pagando actualmente 15 dólares por millón de BTU por el gas que consumen, cuando podrían recibir el insumo neuquino a apenas 6 dólares con el costo de transporte ya incluido.
A pesar de contar con una planta compresora de gran capacidad y un tendido de 299 kilómetros del lado argentino, el Gasoducto del Pacífico transportó en 2025 apenas 260 millones de metros cúbicos hacia Chile, frente a más de 1.700 millones destinados al mercado interno argentino. La paradoja obedece a la doble condición de Naturgy: mientras de este lado de la cordillera administra el caño, del lado chileno controla distribuidoras como Metrogas y participa en la importación de GNL proveniente de Estados Unidos y Trinidad y Tobago a través de la firma AGESA.
Ante los cuestionamientos, fuentes de la empresa transportista salieron a despegarse del conflicto argumentando que la capacidad del caño permanece abierta para cualquier petrolera que desee utilizarla: “Tengo un restaurante con diez mesas, pero ocupadas solo ocho. Bienvenidos los que se quieran sentar en las dos disponibles”, graficaron.
Para la provincia de Neuquén la controversia no es menor, ya que cada millón de metros cúbicos que no logra evacuarse representa producción paralizada, regalías perdidas y divisas que no ingresan al país. La acusación de Figueroa destapó una discusión estratégica que atraviesa a todo el sector energético: la elección entre utilizar la infraestructura regional existente o volcarse a megaproyectos de licuación.
La vía de los gasoductos: Compañías como CGC (de la familia Eurnekian) y la francesa TotalEnergies defienden la postura de monetizar el gas de forma inmediata aprovechando los ductos existentes hacia Chile y Brasil.
La vía del GNL marítimo: En la vereda opuesta, el consorcio Southern Energy LNG (integrado por YPF, PAE, Pampa Energía, Harbour y Golar LNG) impulsa una inversión multimillonaria para construir plantas de licuación en Río Negro y exportar el recurso mediante buques metaneros al mercado global.
Desde el arco político opositor también sumaron críticas al planteo del gobernador, señalando una evidente contradicción en el esquema tarifario nacional: mientras el Gobierno argentino avaló aumentos superiores al 600% en las tarifas de transporte para el mercado interno bajo el argumento de sincerar los costos, a la hora de exportar se exige abaratar los peajes para que el gas sea competitivo afuera.
Esta embestida de Figueroa por defender los recursos provinciales se produce en un contexto de altísima tensión institucional. La disputa por los costos del gas coincide con el grave antecedente sentado por la Embajada de Estados Unidos, encabezada por Peter Lamelas, al cuestionar y amenazar directamente a la cooperativa eléctrica neuquina CALF.
En una clara intromisión sobre la soberanía comercial de la provincia, la representación diplomática estadounidense llegó a condicionar las inversiones en Vaca Muerta y a amenazar con la quita de visas a los directivos de CALF por haber suscripto un acuerdo estrictamente entre privados y bajo las reglas del libre mercado con la firma china Huawei para desarrollar infraestructura tecnológica. El episodio dejó al descubierto hasta qué punto los intereses geopolíticos y las presiones externas buscan condicionar el desarrollo económico y las decisiones estratégicas de Neuquén.
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