Representantes del sector agropecuario expusieron en la Cámara de Diputados de la Nación para respaldar un proyecto de ley que tipifica la intrusión y aumenta las penas por daños a la infraestructura productiva.
Representantes del sector agropecuario expusieron en la Cámara de Diputados de la Nación para respaldar un proyecto de ley que tipifica la intrusión y aumenta las penas por daños a la infraestructura productiva.
La Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación recibió a dirigentes de las entidades agropecuarias para analizar modificaciones al Código Penal referidas al vandalismo en el campo. Durante la reunión, los referentes sectoriales manifestaron su apoyo a la iniciativa que busca sancionar la intrusión y el daño a las instalaciones productivas.
El proyecto de ley propone la creación de la figura de intrusión rural, con penas de prisión fijadas entre un mes y un año para quien ingrese sin autorización a establecimientos agropecuarios delimitados por tranqueras, alambrados o cartelería. Esta medida apunta a brindar un marco legal para que las fuerzas de seguridad intervengan ante el ingreso no autorizado a las propiedades.
Asimismo, la iniciativa contempla la figura de daño agravado, con escalas penales de dos a ocho años de prisión y sanciones económicas que van de tres a 12 veces el valor del perjuicio ocasionado.
La norma incluye de manera explícita la protección de sistemas de riego, paneles solares, silos y cerramientos. La pena mínima se duplicará en aquellos casos donde los responsables sean funcionarios públicos o personas ligadas a la actividad agraria.
Dirigentes de la Federación Agraria Argentina, la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro coincidieron en la necesidad de contar con herramientas judiciales ante los delitos rurales.
Durante las exposiciones, los representantes enfatizaron que los perjuicios en el sector no solo afectan el valor de los bienes, sino que interrumpen el proceso productivo y vulneran la seguridad rural de las familias que residen en los establecimientos.
Por otra parte, el proyecto contempla modificaciones en la figura de instigación pública, con penas de dos a seis años de prisión para quienes inciten a cometer estos delitos. La sanción se triplicará en los casos donde la incitación se realice mediante redes sociales o medios de comunicación masivos.
El tratamiento legislativo de la propuesta continuará en el ámbito parlamentario para evaluar su factibilidad técnica y jurídica. La discusión futura deberá determinar si el incremento de las penas en el Código Penal resulta suficiente para frenar la inseguridad rural o si requerirá de un mayor despliegue operativo en el territorio.
Tras el fracaso de las negociaciones en Washington, Ottawa aplicará gravámenes de hasta el 50% a más de 700 productos estadounidenses desde el 8 de septiembre para resguardar la producción nacional.
A cuatro años del doble crimen de Vicente López, Martín del Río contactó por correo electrónico a su exesposa desde la cárcel de San Martín, lo que motivó a la Justicia de San Isidro a dictarle una prohibición de comunicación por violencia psicológica.
Representantes del sector agropecuario expusieron en la Cámara de Diputados de la Nación para respaldar un proyecto de ley que tipifica la intrusión y aumenta las penas por daños a la infraestructura productiva.
Luego de finalizar la representación con su padre Alejandro Stoessel tras 15 años, una auditoría encargada por Martina Stoessel reveló que la cantante no figura como socia en las empresas que administran sus ingresos millonarios, desencadenando negociaciones para recuperar el control patrimonial.
Cristian Auguadra compareció ante la Comisión Bicameral del Congreso. Descartó amenazas terroristas, negó detenciones bajo el DNU 941/2025 y explicó la logística para la visita del papa León XIV en noviembre.
Cerca de 1,2 millones de refugiados rohingya enfrentan recortes en la ayuda humanitaria y el recrudecimiento del conflicto armadamente violento en Myanmar, mientras Bangladesh mantiene la asistencia en campamentos superpoblados.
Un juez bonaerense ordenó el arresto de 15 agentes penitenciarios, entre ellos la jefa del penal de mujeres de Magdalena, por torturas y abusos sexuales contra al menos cuatro internas en junio. La Justicia describe un esquema sistemático de vejaciones.
Ante los reiterados cuestionamientos de Sabrina Rojas sobre su vida sentimental, Griselda Siciliani respondió durante un móvil de Intrusos, se declaró agotada del conflicto y marcó una clara diferencia entre la vida privada y la intimidad.
