La Justicia investiga a la dirigente sindical Soledad Calle por la compra de un departamento debajo del de Cristina Kirchner. La operación genera sospechas por sus millonarios contratos con la UOM y su vertiginoso incremento patrimonial.
La Justicia investiga a la dirigente sindical Soledad Calle por la compra de un departamento debajo del de Cristina Kirchner. La operación genera sospechas por sus millonarios contratos con la UOM y su vertiginoso incremento patrimonial.
La Justicia ordinaria instruye un proceso indagatorio enfocado en las operaciones financieras y de bienes raíces ejecutadas por la dirigente sindical y política María Soledad Calle. La pesquisa, revelada a partir de un informe de La Nación, sitúa la atención en la transferencia de una propiedad adquirida por la referente de La Cámpora en el mismo edificio donde cumple prisión domiciliaria una exmandataria nacional. Las actuaciones judiciales buscan determinar la procedencia de los fondos aplicados a la transacción y el propósito operativo que se le otorga al inmueble.
Las averiguaciones sobre el entorno de Calle surgieron a raíz de convenios suscriptos entre la conducción de la UOM y la firma USEM SA para la administración de aportes colectivos, contrato que generó acusaciones por presunta administración fraudulenta y asociación ilícita. Dicho escenario derivó en objeciones por parte de sectores opositores internos, quienes cuestionan el incremento patrimonial registrado por la dirigente mediante la compra de vehículos de alta gama y la conformación de sociedades en el rubro financiero.
Frente a los señalamientos, la propia María Soledad Calle desestimó las acusaciones, atribuyendo la denuncia a disputas de poder dentro de la organización laboral y negando ser empleada del gremio o de la empresa contratada. Por su parte, los representantes del entorno de la ex jefa de Estado rechazaron cualquier vinculación con el departamento adquirido por la dirigente en el primer piso del edificio.
En el marco de la causa judicial, los investigadores analizan el funcionamiento del dispositivo electrónico de seguimiento geográfico asignado por la Justicia. Se evalúa el alcance de los perímetros de movilidad permitidos dentro de la estructura edilicia, con el fin de establecer si existió algún tipo de interacción o desplazamiento no registrado entre los distintos niveles de la propiedad.
La Cámara de Diputados debate la nueva Carta Orgánica del Banco Central e Inocencia Fiscal II, proyectos clave del Gobierno. Para garantizar el quorum, la conducción del cuerpo sumó propuestas provinciales y enfrentará el debut de un nuevo bloque aliado.
La Justicia investiga a la dirigente sindical Soledad Calle por la compra de un departamento debajo del de Cristina Kirchner. La operación genera sospechas por sus millonarios contratos con la UOM y su vertiginoso incremento patrimonial.
Sergio Massa reapareció en un acto político en Rosario para respaldar al diputado Diego Giuliano. El exministro destacó la importancia de la cohesión interna dentro del peronismo de cara a los próximos desafíos electorales frente al espacio oficialista.
El jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, expuso ante la Comisión Bicameral sobre el operativo de seguridad para la visita del Papa León XIV. Además, negó fisuras internas, descartó aprehensiones bajo el nuevo decreto y defendió la central antiterrorista.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, rechazó acatar un fallo judicial que ordena comprar carne roja para los reclusos. Torres tildó la medida de irracional, criticó al garantismo judicial y defendió priorizar los recursos públicos en los ciudadanos.
Canadá aplicará aranceles de entre el 15% y el 50% a productos estadounidenses por 20.000 millones de dólares en represalia por las medidas de Washington. La decisión agrava la disputa comercial entre ambos países tras el fracaso de sus negociaciones.
El director de la CIA, John Ratcliffe, realizó una sorpresiva visita a Moscú en medio de altas tensiones geopolíticas por Irán y Ucrania. El hermético viaje motivó reajustes en la agenda del Kremlin y notificó previamente a las autoridades ucranianas.
La Corte Constitucional de Colombia avaló el grueso de la reforma pensional impulsada por el expresidente Gustavo Petro. La resolución destraba la Ley 2381 tras años de incertidumbre y fija su entrada en vigencia para el 1 de abril de 2027.
