La Cámara de Diputados fue escenario de una demostración de fuerza parlamentaria por parte de los bloques opositores. Aunque el oficialismo logró bloquear la inclusión sobre tablas de las iniciativas sobre sobreendeudamiento familiar y prórroga de la emergencia en discapacidad, la oposición superó el piso del quórum al cosechar 133 votos afirmativos frente a 107 negativos y 11 abstenciones.
El resultado impidió alcanzar la mayoría de tres cuartos requerida por reglamento para tratar proyectos sin dictamen, pero confirmó que la oposición cuenta con el número necesario para abrir el recinto por iniciativa propia.
Tras la votación, representantes de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y otros espacios convocaron a una sesión especial para el próximo miércoles 9 de septiembre.
Dado que las iniciativas no poseen despacho de comisión, la estrategia legislativa del bloque opositor no buscará la aprobación directa de las leyes en esa jornada, sino emplazar a las comisiones que encabeza La Libertad Avanza —entre ellos la Comisión de Presupuesto y Hacienda— para obligarlos a debatir las más de 40 propuestas acumuladas sobre ambas problemáticas.
Durante una conferencia de prensa en el Salón de los Pasos Perdidos, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, precisó que la intención es destrabar el tratamiento de la crisis crediticia que afecta a los hogares.
En la misma línea, el diputado radical disidente Pablo Juliano argumentó que la morosidad alcanza a seis millones de personas y solicitó postergar las diferencias partidarias para ofrecer respuestas a los sectores golpeados por la pérdida de ingresos.
Por su parte, la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, cuestionó la agenda impulsada por el Poder Ejecutivo, orientada a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el régimen de Inocencia Fiscal. La legisladora sostuvo que la desregulación de las tasas de interés derivada del DNU 70/2023 convirtió las deudas familiares en situaciones de usura que benefician al sector financiero.
Desde el oficialismo, la postura fijada por el Presidente Javier Milei y los voceros gubernamentales sostiene que los niveles de deuda constituyen un compromiso contractual entre privados en el que el Estado no debe intervenir. La propuesta del Gobierno se limita a buscar la reducción paulatina de las tasas mediante la desaceleración inflacionaria.
El escenario hacia el 9 de septiembre medirá la capacidad de la oposición para sostener la asistencia perfecta y concretar el emplazamiento. ¿Logrará el Congreso imponer una agenda de contención social ante la resistencia del Ejecutivo de intervenir en los mercados financieros?