Diputados aprobó las reformas de Inocencia Fiscal II y del Banco Central, otorgando media sanción a ambos proyectos clave del Poder Ejecutivo. La sesión cerró tras un duro cruce con la oposición y los textos pasaron a la Cámara de Senadores.
Diputados aprobó las reformas de Inocencia Fiscal II y del Banco Central, otorgando media sanción a ambos proyectos clave del Poder Ejecutivo. La sesión cerró tras un duro cruce con la oposición y los textos pasaron a la Cámara de Senadores.
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles dos proyectos clave para la agenda económica del Gobierno: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la llamada Inocencia Fiscal II, que amplía el régimen simplificado de Ganancias.
El oficialismo consiguió 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones para la norma del BCRA, y 139 a favor, 110 en contra y 2 abstenciones para la modificación tributaria. Ambos textos tendrán que ser debatidos en el Senado para convertirse en ley.
La sesión se transformó en un ring a cielo abierto: volaron acusaciones de “estafa”, chicanas, pases de factura a los gritos y denuncias por beneficios a medida para la “casta financiera”. Con el paquete asegurado en la Cámara baja, el Gobierno ahora prepara la pulseada definitiva en un territorio mucho más pantanoso: el Senado.
La iniciativa modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias vigente desde 2025. Elimina los topes de ingresos de $1.000 millones y de patrimonio de $10.000 millones que hasta ahora limitaban el acceso al sistema. Podrán adherir contribuyentes con residencia fiscal en Argentina que no estén categorizados como Grandes Contribuyentes Nacionales.
El proyecto precisa bajo qué condiciones ARCA puede impugnar una declaración simplificada. El organismo solo podrá formular observaciones cuando detecte una diferencia de al menos el 15% sobre el “impuesto determinado”, y no sobre el saldo final a pagar.
Además, establece que no habrá discrepancia significativa si el monto nominal de la diferencia es igual o inferior al 5% del umbral del Régimen Penal Tributario, equivalente a $5.000.000. Se habilita un plazo de 15 días hábiles para que el contribuyente rectifique e ingrese el saldo adeudado sin que se configure la causal de impugnación.
La reforma dispone que la carga probatoria recae de forma exclusiva sobre ARCA, que solo podrá fundar sus impugnaciones en datos declarados, registros sistémicos o información aportada por terceros. También amplía el bloqueo al uso de presunciones: además de la inoponibilidad del incremento patrimonial no justificado, se veda hasta el 31 de diciembre de 2027 la presunción por depósitos bancarios.
El texto incorpora un alivio para pequeñas y medianas empresas. MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales tendrán una reducción automática del 25% en determinadas multas formales.
Desde la oposición denunciaron que se trata de un blanqueo que será aprovechado por evasores seriales. El diputado Martín Lousteau (Provincias Unidas) fue contundente: “Detrás de la supuesta intención de simplificar la vida y la declaración jurada para los buenos contribuyentes, se esconde la degradación de la capacidad de ARCA para perseguir y detectar evasores seriales, narcos y corruptos”.
Con ironía, Lousteau propuso rebautizar la norma: “La verdad que podríamos llamarla ley contra la persecución de evasores seriales, narcos y corruptos. Si quieren otro nombre más corto, ley de facilitación e impunidad de la evasión. Si quieren uno todavía más corto, ley Adorni y Espert“.
El diputado Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria) advirtió que el proyecto del Gobierno “se le aproxima a un blanqueo” porque “facilita la incorporación de fondos no declarados al circuito formal y limita la revisión”.
“Nosotros no rechazamos la simplificación tributaria. No rechazamos la incorporación de recursos al circuito formal. No rechazamos la garantía del contribuyente frente a la arbitrariedad del Estado. Sí rechazamos que esos objetivos sean utilizados para justificar menos control, menos trazabilidad y mayores beneficios para quienes poseen mayor capacidad económica”, sintetizó.
La diputada Mariana Coletta (Provincias Unidas) definió el proyecto como una “obscenidad fiscal” y tildó la medida de inoportuna, en un contexto donde los niveles de morosidad rompen récords históricos. “Vino a decir que hacíamos uso político de su situación y mientras, calladito la boca, fue a anotarse”, disparó contra Manuel Adorni. Para cerrar, Coletta tiró una advertencia: aclaró que los funcionarios y familiares que ya se metieron en el régimen de beneficios fiscales están blindados y no van a salir.
Juan Grabois (Unión por la Patria) fue más allá: “Qué caras rotas que son, convierten en inocentes a los culpables”. Para ilustrar su bronca, trazó un paralelismo: “Siempre son todas para los de arriba, mientras al 99% de la gente le rompen el culo. Estafan al pueblo argentino”. El dirigente contrapuso ese beneficio con la carga que soportan los sectores de menores ingresos: “El laburante paga el impuesto a la pobreza, que se llama impuesto al valor agregado“.
Desde el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño subió la apuesta y disparó con munición gruesa. Indignado, tildó de “narcodiputado” a José Luis Espert y lo acusó de promover la ley para beneficiarse personalmente, al igual que Adorni y su esposa. “Viva la joda”, ironizó el legislador.
Durante el debate en comisión, el oficialismo acordó con sus aliados excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios del régimen. Los representantes de los tres poderes del Estado que hayan ejercido cargos de alta responsabilidad en los últimos cinco años podrán usar el sistema simplificado solo para presentar su declaración jurada y pagar el saldo correspondiente, pero no accederán a la presunción de exactitud ni a ninguna otra protección tributaria.
La restricción alcanza, entre otros, a funcionarios desde el rango de secretario de Estado, legisladores y concejales, parlamentarios del Mercosur, jueces y fiscales, defensores del Pueblo y miembros de los consejos de la Magistratura y jurados de enjuiciamiento.
Sin embargo, la diputada Gisela Scaglia (Provincias Unidas) puso el foco en un punto sensible: los familiares de funcionarios públicos sí podrán acceder al régimen simplificado de Ganancias y a sus beneficios. “Nos falta ahora incorporar también a los familiares, que deben seguir sujetos a las obligaciones que corresponden a las personas políticamente expuestas“, reclamó.
El planteo remite directamente al caso de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, quien adhirió al régimen vigente en medio de la investigación judicial sobre el patrimonio del matrimonio.
La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado explicó que la nueva ley apuesta a “confiar más en el contribuyente y no tomarlo como un sospechoso por el solo hecho de haber protegido sus ahorros”.
En esa línea, afirmó que “la fiscalización debe perseguir la evasión, pero no puede convertir al contribuyente que cumple en un sospechoso permanente”. También aclaró que, si bien se presume la inocencia de los contribuyentes, “no se perdonan los delitos y ni se prohíbe investigar”.
Rodríguez Machado le dejó un aviso a la oposición: ni los funcionarios ni sus familiares (que seguirán rindiendo cuentas como personas políticamente expuestas) podrán colgarse de los beneficios de esta ley. “No buscamos amnistía ni impunidad. Fíjense quiénes no votan para salirse de la ley; una cosa es el relato y otra los hechos cuando aprieten el botoncito”, remató.
La diputada Mónica Becerra (La Libertad Avanza) intentó sacarle la carga política a la discusión y definió la iniciativa como un proyecto puramente “técnico” diseñado para robustecer la norma original. “Vinimos a refundar las bases de la libertad”, sostuvo la diputada, dejando en claro que el objetivo de fondo es legislar “para que el contribuyente sea considerado inocente” de arranque.
En paralelo, Diputados aprobó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Según los fundamentos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, la norma busca dotar al BCRA de un régimen legal que garantice su independencia funcional y financiera, consagre la preservación del valor de la moneda como su misión primaria y elimine los mecanismos de financiamiento monetario del sector público.
En defensa de la norma, el diputado Santiago Pauli (La Libertad Avanza) aseguró que “esta reforma pretende que nuestro Banco Central vuelva a defender el valor del peso argentino y que sea el guardián”. “Cada vez que al Estado no le alcanzaban los recursos se metía mano al Banco Central. Cada vez que había déficit por una mala gestión, se metía mano al Banco Central. Las consecuencias de esto, ha sido y es la inflación“, detalló.
La diputada Sabrina Ajmechet (LLA) destacó que “es una ley fundamental y extraordinaria, de un gobierno limitándose a sí mismo”. Desde el bloque oficialista, el diputado Diego Hartfield (LLA) también consideró que “es una ley que viene a cambiar la historia”.
La oposición manifestó su rechazo. El diputado Itai Hagman (Unión por la Patria) sostuvo que “le sacan funciones al Banco Central para blindar la política monetaria” e indicó que “se le quitan instrumentos al Estado, a través del Banco Central, para resolver los problemas que hay en el país”.
La diputada Romina Del Plá (FIT) cuestionó la iniciativa: “Estamos ante la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que pide el FMI“. El diputado Martín Lousteau (Provincias Unidas) adelantó que “muchos de nosotros nos vamos a abstener” en la votación y argumentó que “la Carta Orgánica es el marco, no es la política monetaria, cambiaria o bancaria”.
El diputado Maximiliano Ferraro (CC) planteó que, si bien “estamos ante una reforma de una envergadura significativa”, tenía algunas observaciones a la norma. “La idea del mandato único tiene una clara contradicción con el articulado propuesto, por lo cual proponemos un mandato múltiple pero jerarquizado”, argumentó.
Con estas dos medias sanciones, el oficialismo tachó dos casilleros clave en su hoja de ruta económica y ahora prepara la pulseada final en el Senado. ¿Logrará el Gobierno replicar estos resultados en la cámara alta o las críticas por los beneficios tributarios y el nuevo diseño del BCRA encontrarán allí un terreno más fértil para frenar o modificar los textos?
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