El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) oficializó la ampliación del área bajo emergencia fitosanitaria por la presencia del picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus Olivier).
La decisión, formalizada mediante la Disposición DNPV 2/2026, rige hasta el 30 de junio de 2028 e incorpora a todo el territorio de la provincia de Entre Ríos, sumándose a las medidas que ya regían para la provincia de Buenos Aires.
El cambio de estrategia respondió a la confirmación de ejemplares en el departamento Uruguay, en la provincia entrerriana. Los análisis realizados por el laboratorio regional de Chajarí sobre muestras de la especie Phoenix canariensis ratificaron la presencia del insecto en el territorio continental argentino. Hasta este hallazgo, la plaga se encontraba circunscrita a un foco aislado en la isla Martín García.
Alerta para viveros y espacios públicos
Catalogado como plaga de interés nacional, este gorgojo deposita sus huevos en el interior del tronco. Sus larvas se alimentan de la materia orgánica de la planta hasta causarle el colapso y la muerte, lo que dificulta la detección temprana antes de que los daños sean irreversibles.
Frente a esta amenaza para el patrimonio botánico y la producción silvícola, el organismo sanitario activó un plan de contingencia centrado en la vigilancia activa. Las disposiciones oficiales establecen la prohibición estricta de trasladar palmeras o partes vegetativas desde las zonas delimitadas, al tiempo que instruyen a productores, viveristas y gestores de espacios verdes a monitorear sus ejemplares.
El protocolo contempla la rápida notificación ante la aparición de hojas amarillentas o hendiduras en la copa, síntomas compatibles con la actividad de la larva. La contención en los centros de cultivo resulta prioritaria para evitar la distribución comercial de ejemplares infectados hacia otros puntos del país.
La consolidación del picudo rojo en suelo continental transforma una contingencia focalizada en un desafío sanitario de escala regional. El éxito de la prórroga fijada hasta 2028 dependerá de la rigurosidad en los controles interprovinciales y de la capacidad de respuesta temprana en viveros y municipios, en una carrera a tiempo para resguardar la flora silvestre y ornamental.