Juez frena decreto de Trump contra ciudadanía por nacimiento

Una jueza federal de Maryland bloqueó la orden ejecutiva que buscaba restringir la ciudadanía por nacimiento a hijos de no ciudadanos, al considerar que el decreto desafía lo resuelto por la Corte Suprema.

Justicia de EE. UU. bloquea nuevo decreto de Trump. Foto: Doug Mills.

Un nuevo revés judicial frenó la estrategia del Poder Ejecutivo estadounidense para limitar el acceso a la ciudadanía por derecho de nacimiento. La jueza federal de distrito, Deborah Boardman, con sede en Greenbelt, Maryland, dictó este miércoles una orden judicial preliminar que impide a las agencias gubernamentales aplicar el decreto firmado el pasado 6 de agosto por el presidente Donald Trump.

La resolución de 35 páginas respondió al reclamo presentado por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, entre ellas CASA y Asylum Seeker Advocacy Project. Las entidades acudieron nuevamente a los tribunales tras considerar que la nueva medida ejecutiva vulneraba el fallo emitido el 30 de junio por la Corte Suprema de Estados Unidos.

En esa instancia, el máximo tribunal determinó por 6 votos contra 3, en el caso Barbara v. Trump, que la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda protege a los nacidos en territorio nacional bajo su jurisdicción.

El reciente decreto presidencial buscaba esquivar el pronunciamiento del Máximo Tribunal mediante causales específicas. La norma pretendía denegar el reconocimiento a hijos de personas asociadas al llamado turismo de maternidad, empleados de gobiernos extranjeros, involucrados en fraudes o catalogados como enemigos extranjeros.

Sin embargo, la magistrada concluyó que la disposición resulta inconstitucional para la clase de niños ya protegida por el fallo antecedente, prohibiendo cualquier acción que desconozca sus derechos a agencias como el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social.

Durante el proceso, los abogados del Departamento de Justicia sostuvieron que la impugnación resultaba prematura debido a la falta de guías de implementación por parte de los organismos federales, cuya divulgación estaba prevista para el fin de semana.

A pesar de ese argumento, filtraciones sobre borradores del Departamento de Estado revelaron requerimientos de pruebas de estatus migratorio a los padres para la tramitación de pasaportes infantiles.

Ante esta situación, la magistrada determinó la necesidad de actuar de inmediato para evitar la pérdida retroactiva o prospectiva de derechos ya ratificados por la máxima instancia judicial del país.

Frente a una controversia que involucra a la Constitución y a las facultades del Poder Ejecutivo, el escenario reabre la discusión sobre hasta qué punto una orden presidencial puede reinterpretar los límites fijados por la máxima autoridad judicial.

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