Ante deudas de 360 millones de dólares, Granja Tres Arroyos despidió a 1.000 trabajadores en sus plantas bonaerenses, lo que desató presentaciones ante la Justicia comercial y la convocatoria urgente del Ministerio de Trabajo.
Ante deudas de 360 millones de dólares, Granja Tres Arroyos despidió a 1.000 trabajadores en sus plantas bonaerenses, lo que desató presentaciones ante la Justicia comercial y la convocatoria urgente del Ministerio de Trabajo.

El desplome financiero de Granja Tres Arroyos, la mayor empresa avícola de la Argentina, desencadenó una ola de 1.000 despidos en sus plantas de la provincia de Buenos Aires. Entre el miércoles y el jueves, la compañía notificó las desvinculaciones en los establecimientos de El Jagüel, Capitán Sarmiento y Pilar. La medida profundizó un conflicto laboral que incluyó protestas ante los tribunales comerciales y el reclamo de intendentes locales ante la paralización del sector.
La situación más crítica se concentró en la planta WADE 2 de El Jagüel, en el partido de Esteban Echeverría. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires reportó que 450 operarios recibieron telegramas de despido sobre un plantel cercano a las 500 personas.
En Capitán Sarmiento, las cesantías alcanzaron a 500 empleados, equivalente a la mitad de la dotación local, mientras que en Pilar la firma desvinculó a 50 trabajadores de su planta Pinazo.
Frente a las desvinculaciones, un grupo de operarios junto al empresario Milenko Rasic, antiguo propietario de la ex Cresta Roja hasta su quiebra en 2015, se presentaron ante la Justicia comercial.
Acompañados por Eduardo Murúa, referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, solicitaron a los jueces Valeria Pérez Casado y Germán Páez Castañeda medidas de protección sobre la maquinaria del predio de El Jagüel para evitar su vaciamiento y evaluar un plan de continuidad operativa.
El pasivo acumulado por la firma oscila entre los 350 y 360 millones de dólares. En los telegramas enviados, la compañía argumentó que la crisis obedeció a la caída del comercio exterior por brotes de influenza aviar desde 2023, la suba de costos y la sobreoferta interna. Fuentes del sector avícola añadieron que la compra previa de empresas endeudadas resintió la red de abastecimiento y la capacidad instalada de la marca fundada en 1965.
La tensión escaló en el ámbito político bonaerense. La intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino, envió una carta pública al presidente ejecutivo de la empresa, Joaquín de Grazia, para exigir explicaciones y solicitar una mesa de diálogo junto al Ministerio de Trabajo provincial.
Tras no percibir salarios completos durante los últimos dos meses y acumular licencias forzadas, los trabajadores despedidos iniciaron una vigilia en los accesos a las fábricas.
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires convocó a una audiencia entre las autoridades gremiales y los directivos empresariales para evaluar la aplicación de instancias de conciliación.
El destino de la infraestructura productiva y la resolución de las deudas comerciales dependerán de los procesos concursales en curso, mientras el mercado avícola nacional registra niveles de producción en cifras récord.
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