La pérdida de poder adquisitivo y las elevadas tasas de interés dispararon la morosidad crediticia en las familias argentinas. Un informe de la consultora LCG advirtió que el 28% de los deudores del sistema financiero registra atrasos severos en sus compromisos.
El deterioro de los salarios reales y las altas tasas de financiamiento provocaron un marcado incremento en la morosidad de los hogares. De acuerdo con un informe de la consultora LCG, la irregularidad responde a la contracción del empleo formal y a la imposibilidad de refinanciar pasivos en condiciones favorables.
28% de las personas endeudadas se ubican en situación irregular (categorías 3 a 5 del BCRA).
44% de los consumidores recurrió al pago diferido con tarjeta para comprar alimentos en 2026.
18% alcanza la mora general sobre el monto total prestado, bajando al 15,3% en bancos tradicionales.
El documento señala que el spread aplicado por las entidades financieras impidió el acceso a tasas más convenientes, generando un efecto espiral en el endeudamiento. Ante este escenario, la utilización de la tarjeta de crédito para la compra de alimentos en supermercados pasó del 37% al 44% entre 2023 y 2026, reflejando la necesidad de las familias de financiar consumos básicos.
La irregularidad crediticia presenta mayor gravedad en el sector no bancario, donde las colocaciones de menor cuantía otorgadas por fintech y billeteras virtuales registran un alto nivel de incumplimiento. En préstamos inferiores a $50.000, la mora se ubica en torno al 20%, afectando en mayor proporción a los segmentos jóvenes.
Sin embargo, el informe precisa que el grueso del volumen adeudado se concentra en adultos de entre 30 y 70 años. Para este franja poblacional, que abarca a responsables de hogar con comportamientos habitualmente prudentes, el atraso en los pagos representa un indicador directo del deterioro económico estructural que atraviesa la clase media.
Frente al incremento del riesgo, LCG descartó las iniciativas que plantean estatizar o transferir la mora de la banca privada a la banca pública. La consultora advirtió que este tipo de salvatajes incentiva la falta de control de riesgos por parte de las entidades originantes y convalida gestiones financieras deficientes.
Para resolver la problemática, el reporte recomienda implementar campañas de educación financiera dirigidas a los usuarios jóvenes. En simultáneo, aconseja al Banco Central adaptar sus normativas para facilitar el retorno rápido a la situación regular y eliminar el mecanismo de “arrastre” de calificaciones negativas entre distintos bancos del sistema.
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