Cuba denunció un costo récord de 8.083 millones de dólares por el embargo estadounidense entre 2025 y 2026. El canciller Bruno Rodríguez expuso el informe que presentará ante la ONU, alertando sobre el grave impacto en salud, energía y transporte.
Cuba denunció un costo récord de 8.083 millones de dólares por el embargo estadounidense entre 2025 y 2026. El canciller Bruno Rodríguez expuso el informe que presentará ante la ONU, alertando sobre el grave impacto en salud, energía y transporte.
La cancillería de la isla caribeña dio a conocer el balance de los perjuicios ocasionados por las restricciones comerciales aplicadas por la administración estadounidense durante el último período anual, situando el quebranto patrimonial en un récord superior a los ocho mil millones de dólares. Según la exposición formulada por Bruno Rodríguez, los perjuicios sobre las finanzas insulares experimentaron un incremento cercano al siete por ciento comparado con la medición previa, acumulando sumas multimillonarias a lo largo de seis décadas de vigencia de estas políticas punitivas.
Las autoridades de La Habana recalcaron que la cifra presentada no llega a dimensionar plenamente la totalidad de las penalizaciones energéticas ni las represalias impuestas a corporaciones internacionales, factores que acentúan el desabastecimiento hospitalario y las fallas críticas en los servicios de movilidad urbana.
La presentación del informe oficial constituye la antesala de la tradicional demanda de cesación de sanciones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El panorama social se ve conmovido por la suspensión prolongada del suministro eléctrico a nivel nacional y las medidas coercitivas dirigidas contra la dirigencia gubernamental, condiciones que agravan de forma notoria las exigencias cotidianas de la ciudadanía.
A la presión externa ejercida por Washington se añade una recesión prolongada alimentada por distorsiones en las reformas monetarias locales y la lenta recuperación pospandémica, evidencias que reflejan complejos desafíos en la estructura económica del país.
Un informe de la UIA reveló que el 47,6% de las industrias tuvo dificultades para afrontar sus pagos en julio. La morosidad total alcanzó un récord histórico del 9,2%, impulsada por la menor demanda, mayores costos y competencia desleal.
El exministro Hernán Lacunza advirtió que el rumbo económico actual podría facilitar el regreso del kirchnerismo. El referente del PRO marcó diferencias institucionales y productivas con el Gobierno y ratificó su intención de consolidar una candidatura propia para 2027.
El juez Ariel Lijo rechazó suspender la pericia sobre los audios atribuídos al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El magistrado cuestionó el cambio de postura de la defensa y ratificó la continuidad del análisis sobre el material probatorio.
El Ministerio de Capital Humano atribuyó el deterioro educativo a las políticas de los últimos doce años de gestión kirchnerista. Tras el informe PISA, el Gobierno defendió sus Planes Nacionales de Alfabetización y Matemática para revertir el rezago histórico.
El Gobierno oficializó tres comandos unificados de seguridad para custodiar la visita del papa León XIV del 8 al 11 de noviembre. El operativo coordinará fuerzas federales e inteligencia en Buenos Aires, Luján, Claypole y Córdoba hasta 48 horas post-evento.
La ANMAT amplió la alerta por la venta ilegal en internet de inyecciones para adelgazar y diez péptidos inyectables sin autorización. El organismo advirtió sobre graves riesgos para la salud debido a la falta de controles y evidencia científica.
Nación y Buenos Aires se enfrentaron tras la suspensión judicial del Régimen Penal Juvenil a los 14 años. Mientras la Casa Rosada acusó inacción provincial, la gestión bonaerense denunció falta de recursos e infraestructura para aplicar la reforma.
El oficialismo no reúne las voluntades necesarias en el Senado para eliminar las elecciones primarias. Ante la falta de acuerdos con bloques aliados y el apremio judicial, el debate se postergó para discutir temas secundarios de la reforma.
