La presentación alcanza a Navitas y otras cuatro firmas, sus accionistas y directivos, por presuntas licencias británicas en la Cuenca Malvinas Norte. La acción se basa en la Ley 26.659 y refuerza la defensa de la soberanía.
La presentación alcanza a Navitas y otras cuatro firmas, sus accionistas y directivos, por presuntas licencias británicas en la Cuenca Malvinas Norte. La acción se basa en la Ley 26.659 y refuerza la defensa de la soberanía.
El Gobierno anunció este lunes que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Según el comunicado oficial, la medida busca proteger los recursos naturales y velar por la soberanía argentina sobre el archipiélago y los espacios marítimos e insulares correspondientes. La presentación estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y se radicará ante la justicia federal.
Las firmas señaladas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
El Ejecutivo sostiene que tres de ellas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el Reino Unido para operar en la Cuenca Malvinas Norte, en violación de la Ley 26.659. La denuncia también alcanza a sus accionistas, Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
El texto oficial indica que la acción se dirige, además, contra “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hubiesen intervenido en el hecho.
La Casa Rosada encuadró la medida como “una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía” sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, “por ser parte integrante del territorio nacional”.
La Ley 26.659, sancionada en 2011 a instancias del entonces legislador Fernando Pino Solanas, regula la actividad en la Plataforma Continental Argentina y establece sanciones para quienes realicen exploración o explotación de hidrocarburos sin la autorización de las autoridades nacionales.
El Gobierno sostuvo que la defensa de la soberanía debe ejercerse mediante todas las herramientas jurídicas e institucionales disponibles para impedir que terceros desarrollen actividades sobre recursos que pertenecen a la Argentina.
En el mismo sentido, la administración informó que continuará investigando y promoviendo acciones frente a actos que vulneren los derechos soberanos del país. El viernes pasado, la Cancillería ya había anunciado que abrirá procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas, entre las que se encuentran las que serán denunciadas penalmente, por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
El anuncio se produce pocos días después de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei adelantó un paquete de medidas diplomáticas, administrativas y legislativas para frenar el avance de proyectos hidrocarburíferos en Malvinas.
En ese marco, el Gobierno cuestionó de forma directa el avance de Sea Lion, un yacimiento ubicado en la Cuenca Malvinas Norte que, si se concreta según lo previsto, sería el primero en producir crudo en aguas próximas al archipiélago.
El emprendimiento es conducido por Navitas Petroleum con el 65% y por Rockhopper Exploration con el 35%. El campo fue descubierto en 2010 y se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas, a 450 metros de profundidad en el lecho marino.
A fines de 2025, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera etapa, un paso que en la industria petrolera implica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras ya fueron completadas y que el proyecto fue considerado viable.
La Cancillería ya había rechazado en diciembre de 2025 esa decisión de inversión y había calificado a ambas firmas como licenciatarias ilegítimas por operar sin permisos nacionales.
También sostuvo que toda exploración o explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa contradice las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En el mismo comunicado, se informó que este lunes Javier Milei firmó una instrucción dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que en la confección del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos. La iniciativa presupuestaria deberá ser remitida al Congreso antes del 15 de septiembre.
Según el texto oficial, los proyectos que el Presidente pidió priorizar apuntan a fortalecer las capacidades del Estado argentino para “defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos”. El Gobierno sostuvo que estas medidas forman parte de una política integral destinada a asegurar la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina.
El anuncio sobre la denuncia se conoció horas después de que un ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, pidiera en público al primer ministro Benjamin Netanyahu que reconozca la soberanía argentina sobre las Islas. “Es territorio argentino ocupado”, exclamó el funcionario en su cuenta oficial. Desde la administración libertaria indicaron que el procedimiento alcanzará “no sólo” a empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, sino también a sus accionistas y a firmas que les prestaron servicios.
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