Granja Tres Arroyos solicitó este miércoles la apertura de su concurso preventivo de acreedores para reorganizar deudas por 350 millones de dólares, en medio de una parálisis productiva que dejó más de 1700 despidos en Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos.
La firma Wade SA, integrante del grupo empresarial Granja Tres Arroyos, formalizó ante la Justicia Comercial la apertura de su concurso preventivo de acreedores. La decisión judicial busca reordenar los compromisos financieros de la compañía tras el fracaso de una reestructuración privada que contemplaba un pasivo consolidado de US$ 350,9 millones entre las tres sociedades que conforman el conglomerado avícola.
La presentación en los tribunales se produjo en un contexto de deterioro operativo y crecientes reclamos en el fuero mercantil. Según documentación judicial, la sociedad dedicada a administrar los activos de la ex Cresta Roja registraba al menos siete pedidos de quiebra impulsados por seis acreedores por un monto superior a los $2000 millones.
A esos expedientes se sumaron ejecuciones promovidas por entidades financieras, entre ellas una causa impulsada por el Banco Credicoop en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°18 por un pagaré impago de $206,3 millones.
Paralelamente, los registros del Banco Central expusieron la fragilidad de la liquidez del grupo empresario, al contabilizar 6682 cheques rechazados por un valor total de $113.652.180.103,52, además de una deuda bancaria por $3368 millones.
En el plano laboral, la crisis financiera derivó en el cese progresivo de operaciones y la desvinculación de más de 1730 empleados sobre un plantel global de aproximadamente 6500 trabajadores. El epicentro del conflicto aconteció en Capitán Sarmiento, donde la notificación de paralización de actividades y el envío de 554 telegramas de despido detuvo la producción de la planta Cahuané.
La reducción de personal afectó asimismo a otros centros productivos. Las cesantías alcanzaron a 450 operarios en Esteban Echeverría, 350 en la planta Avex de Río Cuarto, 250 en Concepción del Uruguay y 50 en Pilar, donde también se dispuso la suspensión total de tareas en el establecimiento Pinazo.
El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria por el término de 15 días hábiles con el objeto de frenar las desvinculaciones. Sin embargo, la empresa no acató la resolución administrativa.
El freno de la actividad fabril repercutió en los municipios vecinos del norte bonaerense, como Arrecifes y San Antonio de Areco, cuyas autoridades locales declararon la emergencia social y económica para asistir a las familias afectadas.
En la Ciudad de Buenos Aires, gremios del sector articulan reclamos ante la Secretaría de Trabajo de la Nación para exigir el pago de salarios adeudados y la preservación de los puestos de trabajo. Con la apertura de la convocatoria, la Ley de Concursos y Quiebras prevé la suspensión de los juicios de contenido patrimonial contra la firma, abriendo una etapa de verificación de créditos bajo supervisión judicial.
El desarrollo del proceso determinará si los instrumentos previstos en la ley concursal resultarán suficientes para reestructurar las obligaciones operativas o si la parálisis de las plantas condicionará definitivamente la viabilidad económica de la mayor firma del sector avícola nacional.
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