Legisladores porteños impulsan la creación del primer servicio público de cremación de mascotas con entrega de urnas en el Cementerio de la Chacarita, una iniciativa orientada a brindar tarifas reguladas y exenciones a sectores vulnerables de la Ciudad.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debatirá en sus próximas sesiones un proyecto de ley para crear el Servicio Público de Cremación de Animales de Compañía. La iniciativa, presentada por los legisladores Emanuel Ferrario y Graciela Ocaña, del bloque Confianza y Desarrollo, propone establecer una opción estatal con aranceles regulados que incluya la devolución de cenizas a los tutores, una prestación inexistente en la red pública actual.
En el territorio porteño habitan más de 850.000 perros y gatos. Tras el deceso de un animal, la legislación prohíbe el entierro en la vía pública y restringe la disposición en inmuebles particulares. Ante esta situación, las alternativas presentes se dividen entre la entrega del cuerpo como residuo patológico o la contratación de prestaciones privadas.
Actualmente, el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, ubicado en la avenida Díaz Vélez 4821, ofrece un servicio gratuito de recepción de cadáveres durante las 24 horas. La institución procesa en promedio entre 500 y 600 animales al mes mediante una empresa contratada, aunque el procedimiento no contempla la restitución de las cenizas a las familias.
Por su parte, los prestadores privados cobran entre 100.000 y 300.000 pesos, según el tipo de cremación, el peso del animal y los servicios complementarios.
La propuesta legislativa fija el inicio de las operaciones en el Cementerio de la Chacarita, predio que dispone de infraestructura de gestión funeraria, con la posibilidad de expandirse a otros establecimientos. El proyecto contempla además la edificación de un espacio de memoria dentro del cementerio para el depósito de cenizas y actos de despedida.
En términos financieros, la norma establece exenciones totales del pago para tutores que certifiquen vulnerabilidad social con residencia en la Capital Federal y para animales sin identificación rescatados en la vía pública. Asimismo, dispone la firma de convenios con descuentos para organizaciones rescatistas.
El texto asigna al personal del servicio la obligación de notificar a las autoridades competentes ante cualquier indicio de maltrato o muerte violenta. En caso de aprobación en el recinto, el Poder Ejecutivo porteño deberá designar la autoridad de aplicación encargada de reglamentar el cuadro tarifario, la administración de turnos presenciales y digitales, y la coordinación con el Ministerio de Salud.
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