El gobierno rechazó la guía británica para operar en Malvinas

Tras la publicación de una guía comercial británica para respaldar negocios en Malvinas, Cancillería rechazó el documento por carecer de jurisdicción y ratificó que aplicará la legislación nacional con sanciones a las petroleras involucradas.

El canciller Pablo Quirno ratificó acciones legales en Malvinas Norte. Foto: NA.

El Gobierno nacional desestimó el documento emitido por el Reino Unido para proteger a las empresas que operan en las Islas Malvinas y confirmó que endurecerá los procesos administrativos y judiciales. A través de la Cancillería, el Ejecutivo advirtió que la normativa argentina continuará aplicándose a todas las compañías que ejecuten tareas hidrocarburíferas en la plataforma continental sin la autorización correspondiente.

El posicionamiento oficial surgió tras la publicación del informe británico titulado Haciendo negocios con las Islas Malvinas. En dicho escrito, la administración europea sostuvo que la Argentina carece de jurisdicción sobre las firmas radicadas o contratadas en el archipiélago y ofreció garantías institucionales frente a probables penalizaciones.

Desde la Casa Rosada rechazaron esa interpretación al señalar que ninguna disposición extranjera puede sobrepasar el derecho nacional ni la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Acciones judiciales y citaciones diplomáticas

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, encabezado por Pablo Quirno, detalló las medidas en curso para frenar la exploración petrolera. La Sindicatura General de la Nación presentó tres denuncias penales que involucran a 10 empresas y directivos.

En paralelo, el Palacio San Martín tramita 60 sumarios administrativos y despachó cerca de 180 notas de advertencia a personas físicas y jurídicas asentadas en 30 países.

El foco del diferendo se concentra en el proyecto Sea Lion, localizado en la Cuenca Malvinas Norte. La iniciativa es impulsada por las firmas Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, de capitales israelíes. Ante el avance de las licencias, la Cancillería citó a los embajadores del Reino Unido e Israel para entregarles notas de protesta formal por el inicio de operaciones comerciales no autorizadas.

Fundamentos de la postura argentina

Las sanciones oficiales se encuadran en las Leyes 26.659 y 26.915, ratificadas mediante el Decreto 868/2026. La estrategia del Estado busca responsabilizar no solo a las petroleras operadoras, sino también a la cadena de proveedores, aseguradoras y entidades financieras internacionales que faciliten capital o insumos a la actividad en los archipiélagos.

Asimismo, el reclamo argentino invocó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Este dictamen encomienda a ambas naciones abstenerse de introducir innovaciones unilaterales mientras persista la disputa de soberanía.

El Gobierno sostuvo que la extracción de recursos no renovables genera efectos irreversibles en el Atlántico Sur, aunque reiteró su voluntad de mantener un canal de diálogo bilateral para resolver la controversia insular.

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