Tras el ingreso del proyecto de Presupuesto del Ejecutivo, la Cámara de Diputados debatió la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad en medio de fuertes críticas por la eliminación de la actualización automática de aranceles a prestadores.
Tras el ingreso del proyecto de Presupuesto del Ejecutivo, la Cámara de Diputados debatió la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad en medio de fuertes críticas por la eliminación de la actualización automática de aranceles a prestadores.
El plenario conjunto de las Comisiones de Discapacidad y Presupuesto de la Cámara de Diputados sesionó para debatir la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. La reunión, que contó con más de 20 expositores, quedó atravesada por el malestar que provocó el ingreso del proyecto de Presupuesto 2027 redactado por el Poder Ejecutivo.
La propuesta del Ministerio de Economía eliminó el artículo 7 bis de la norma vigente, el cual garantizaba la actualización mensual automática de los aranceles prestacionales mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El nuevo texto fijó que el nomenclador no incluirá valores universales, lo que habilitará a cada obra social o prepaga a negociar montos específicos sobre la base de un mínimo de referencia.
El proyecto oficial restableció la incompatibilidad de las pensiones no contributivas por invalidez con el empleo registrado, además de derogar los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley 27.793.
Frente a este panorama, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino afirmó: “El Poder Ejecutivo Nacional propone destruir la ley de emergencia en discapacidad y desmantelar el sistema de derechos para personas con discapacidad que se ha construido a nivel nacional”.
Durante las exposiciones, funcionarios provinciales detallaron la gravedad de la situación territorial. La directora general de Discapacidad de Salta, Isabel Soria, precisó: “Desde enero de 2024 se iniciaron 90.791 trámites de pensiones por discapacidad. Solo 10.374 fueron resueltos. Eso significa que aproximadamente 80.000 personas siguen esperando”.
En esa línea, la defensora del Pueblo de San Juan, Florencia Peñaloza, graficó la urgencia familiar: “Hemos encontrado testimonios de sanjuaninos que venían a decirnos no solo ‘no tenemos para comer’, sino que ‘nos cortan los medicamentos y nuestros hijos no pueden ir a la escuela porque no tienen traslado‘”.
Las modificaciones provocaron recriminaciones entre los bloques aliados. Desde el PRO expresaron su malestar al señalar que el texto enviado es “lo contrario de lo que veníamos hablando”.
La sorpresa alcanzó al propio bloque oficialista, cuyos integrantes admitieron la falta de sintonía con la Casa Rosada: “El presupuesto se venía trabajando hace cuatro meses y esos puntos no son congruentes con la estrategia parlamentaria. Lo que va a primar es la estrategia parlamentaria”, remarcaron cerca del despacho de la Presidencia de la Cámara baja.
Ante los cuestionamientos, la diputada de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, buscó llevar tranquilidad al sector: “Hoy lo que nos interesa es discutir en el marco de esta Comisión las necesidades del sector vulnerable que son las personas con discapacidad”.
Por su parte, la diputada de La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, convocó a construir consensos: “Sumamos a todos los que quieran trabajar en materia de discapacidad a tener estándares permanentes en esa materia, a superar en conjunto estos conflictos”.
El debate continuará el próximo 23 de septiembre con el objetivo de definir si el Congreso logrará imponer un dictamen unificado o si prevalecerá el recorte planteado por el Poder Ejecutivo.
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