Investigadores judiciales allanaron la Cámara de Comercio China de La Plata y confirmaron la prisión preventiva para cuatro imputados, acusados de integrar una red acusada de extorsionar a comerciantes chinos con complicidad de un exfuncionario municipal.
Allanamientos recientes en la sede de la Cámara de Comercio China, ubicada en la calle 50 de La Plata, marcaron un punto de inflexión en la causa que investiga a una estructura criminal dedicada a la extorsión, el juego ilegal y el tráfico de influencias. Agentes de la Policía Federal Argentina incautaron documentación tras la negativa reiterada de la entidad a entregar el material requerido por la fiscalía.
El expediente, impulsado por el fiscal, Juan Cruz Condomí Alcorta, de la UFI N° 16, reveló cómo la organización habría operado entre 2020 y marzo de 2022. La investigación se inició a partir del peritaje de teléfonos celulares vinculados a Ke Deqiang, conocido como “Matías”, un expresidente de la entidad mercantil que permanece prófugo tras fugarse de una comisaría en 2022.
El juez de Garantías Agustín Crispo confirmó la prisión preventiva para cuatro de los seis acusados iniciales: Jonatan Emanuel Reyes, Raúl Duarte García, Huang Yun y Jinchao Chen. En tanto, los hermanos Zheng Wei Dong y Zheng Wu Dong recuperaron la libertad tras ser excarcelados en la causa secundaria por tenencia ilegal de armas.
Entre los detenidos destaca Jonatan Emanuel Reyes, exjefe de la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano local. La fiscalía le atribuye la coautoría de asociación ilícita agravada, cohecho activo y tráfico de influencias.
Según la investigación, Reyes utilizaba sus contactos para gestionar habilitaciones comerciales, permisos de venta de alcohol y licencias de conducir a cambio de sumas que rondaban entre los 70.000 y 75.000 pesos.
La defensa del exfuncionario sostuvo que el Decreto Municipal N° 864/2020 había revocado su cargo formal en junio de 2020. No obstante, la fiscalía argumentó que continuó ejerciendo su influencia en beneficio del grupo delictivo.
El material extraído de las peritajes telefónicas expuso un esquema de presiones hacia comerciantes que se negaban a pagar cánones o sumas exigidas para evitar inspecciones. Mensajes entre los sospechosos dieron cuenta de órdenes para ejecutar represalias físicas y robos a los locales desobedientes.
Durante los procedimientos en el domicilio de Reyes, la Policía Federal secuestró licencias de conducir, actas contravencionales y documentación oficial. El fiscal estima que la red estuvo compuesta por al menos 16 personas, incluidos contadores y testaferros encargados de simular ingresos.
Con peritajes electrónicos pendientes sobre el material secuestrado, el expediente busca precisar hasta qué punto las instituciones de control urbano fueron vulneradas por tramas de corrupción privada e influencias estatales.
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