La jueza porteña, Laura De Marinis, declaró la inconstitucionalidad de la Ley 27.801 y sobreseyó a un menor de 14 años imputado por tentativa de robo, al considerar que la sanción penal no debe sustituir la contención estatal.
La jueza porteña, Laura De Marinis, declaró la inconstitucionalidad de la Ley 27.801 y sobreseyó a un menor de 14 años imputado por tentativa de robo, al considerar que la sanción penal no debe sustituir la contención estatal.
La jueza Laura De Marinis, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley 27.801. La resolución benefició con el sobreseimiento a un menor de 14 años imputado por el delito de tentativa de robo.
El expediente judicial comenzó el 10 de septiembre a partir de un procedimiento policial de flagrancia. En el hecho, un grupo de cuatro adolescentes abordó en la vía pública a un hombre de 47 años con el fin de sustraerle su teléfono celular. La víctima logró escapar del lugar sin sufrir lesiones ni la pérdida de sus pertenencias, tras lo cual solicitó la asistencia de un agente de la Policía de la Ciudad.
Durante el proceso, el Ministerio Público Defensa formuló los planteos de incompetencia y de inconstitucionalidad respecto al alcance de la norma. Ante este requerimiento, la magistrada De Marinis rechazó el pedido de incompetencia y confirmó la intervención del fuero local, con base en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia porteño y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En cuanto al fondo del reclamo, De Marinis resolvió que la aplicación de la responsabilidad penal desde los 14 años resulta regresiva para este expediente en particular. La magistrada argumentó en la resolución que el Estado debe responder ante la infracción penal mediante las agencias diseñadas para la asistencia y el reconocimiento de derechos.
Paralelamente, la resolución citó los deberes de contención que corresponden al ámbito adulto e institucional. De Marinis señaló en el texto que la incorporación de un menor al sistema punitivo debe constituir la última instancia de intervención estatal, evaluando la trayectoria particular del adolescente en cuestión.
La decisión judicial reabrió el debate político sobre la aplicación del nuevo marco legal. En ese sentido, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, criticó el fallo a través de la red social X. La legisladora cuestionó la labor de los magistrados del fuero e indicó que este tipo de resoluciones generan impunidad frente a la comisión de delitos.
Asimismo, la resolución de la jueza porteña se sumó a un antecedente registrado en la Provincia de Buenos Aires. En dicho distrito, la jueza de Lomas de Zamora, Marta Pascual, había dispuesto la suspensión del régimen penal juvenil en la jurisdicción bonaerense, aunque dicha medida fue revocada con posterioridad por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.
El sobreseimiento dictado en la Ciudad de Buenos Aires aplica de manera exclusiva al expediente analizado. La medida podrá ser apelada por el Ministerio Público Fiscal ante las instancias judiciales superiores, las cuales determinarán el alcance del Régimen Penal Juvenil en las causas en trámite.
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