La Asamblea Legislativa isleña extendió por cinco años las licencias ‘offshore’ con el aval directo de Londres. Mientras el Presidente busca apoyo de Donald Trump en Nueva York, las empresas avanzan con el objetivo de extraer crudo comercialmente a partir de 2028.
Mientras el gobierno de Javier Milei intenta instalar una nueva estrategia diplomática por la soberanía en los foros internacionales, las autoridades británicas que ocupan las Islas Malvinas asestaron un duro revés geopolítico. La Asamblea Legislativa del archipiélago anunció la extensión por cinco años de todas las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo ‘offshore’, ignorando por completo las recientes advertencias de sanciones emitidas desde los despachos de Buenos Aires.
La medida cuenta con el aval explícito y formal del Reino Unido. Según el comunicado oficial emitido por los kelpers, la prórroga general busca garantizar un marco de “seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas” en la plataforma continental. La responsable de las carteras de Comercio, Industria y Recursos Minerales del gobierno isleño, Cheryl Roberts, fue tajante al defender la resolución: “Son recursos nuestros que debemos desarrollar, y nos aseguraremos de que dicho desarrollo se realice de manera responsable”.
La resolución administrativa establece una extensión inicial de un lustro, con la opción concreta de prorrogar los permisos por otros dos años adicionales si las compañías demuestran que cumplen con sus programas de trabajo e inversión de capital.
La ruta del crudo y el megaproyecto Sea Lion
El conflicto económico tiene un foco claro: la enorme cuenca de hidrocarburos proyectada al norte del archipiélago. En simultáneo con la extensión general de licencias, el gobierno británico en las islas aprobó que una subsidiaria de la firma israelí Navitas adquiera el 65% de participación en el bloque petrolero PL001, un área estratégica vecina al megaproyecto central denominado Sea Lion.
En las gélidas aguas del Atlántico Sur operan de manera conjunta Navitas y la británica Rockhopper. Ambas son las socias mayoritarias de Sea Lion, un yacimiento descubierto hace más de una década que en diciembre pasado ingresó finalmente en su fase de desarrollo logístico. Según la hoja de ruta corporativa, el consorcio tiene previsto iniciar la extracción comercial de crudo a gran escala en marzo de 2028, un hito extractivo que alteraría drásticamente la matriz económica de las islas.
A este escenario monopolizado por Navitas se suman otras firmas menores que conservan licencias exploratorias vigentes, entre las que destacan las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited, junto a la canadiense JHI.
Para la República Argentina, todos estos permisos son manifiestamente ilegales y violan las resoluciones de Naciones Unidas. Basándose en la Ley de Hidrocarburos nacional, la Cancillería denunció penalmente a las compañías y a sus directivos, iniciando procedimientos administrativos con el objetivo de aplicar severas sanciones económicas e impedir el avance operativo de los proyectos en aguas que Argentina reclama como propias.
Transición demográfica y furia contra Bruselas
La confirmación de las prórrogas británicas choca de frente con la agenda internacional de Javier Milei. En plena gira por Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU, el Presidente apuesta sus fichas a lograr un guiño geopolítico de Donald Trump para que oficie como una suerte de intermediario. Del otro lado, el Reino Unido descarta cualquier mesa de diálogo, manteniendo inalterable su posición desde 1833.
Ajeno a la firma de las licencias, Milei delineó su peculiar hoja de ruta para Malvinas durante una reciente entrevista concedida a la prensa francesa. Allí descartó cualquier escalada de tensión y explicó que su estrategia apuesta a la “decantación generacional”. El mandatario argumentó que una supuesta “transición demográfica” del Reino Unido será el factor que, a largo plazo, obligará a Londres a restituir la soberanía de las islas por la estricta vía diplomática. Asimismo, sobre el régimen de sanciones a las petroleras, bajó el perfil bélico aclarando que no constituyen una declaración de guerra, sino trámites en curso.
Pero el diálogo europeo de Milei no se limitó al Atlántico Sur. Fiel a su estilo disruptivo, el Presidente sumó un nuevo conflicto al lanzar una dura provocación a la Unión Europea. En su cruzada contra las estructuras políticas tradicionales, Milei afirmó que “la capital de Europa no es Bruselas” sino “Roma”.
Lejos de la diplomacia, remató sosteniendo que la ciudad belga —sede neurálgica del Parlamento Europeo y de las principales instituciones comunitarias— “encarna la decadencia de Europa” y representa “una muerte lenta, agónica y cobarde”. Estas declaraciones dinamitan los puentes discursivos con el viejo continente justo en el momento en que la Argentina busca seducir a los mercados internacionales para captar inversiones en el sector energético.
Tras la renuncia de Alejandro Vilches, el Poder Ejecutivo designó a Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría de Discapacidad. El nuevo funcionario auditará pensiones y gestionará el área en medio del debate por el Presupuesto 2027.
Ocurrió de madrugada sobre la avenida San Martín. Según la denuncia, el cantante dio marcha atrás, golpeó un Peugeot que cargaba nafta y se retiró sin dar sus datos. Nadie resultó herido. Su abogado pidió que la Justicia tome medidas.
La Academia de Cine nacional reveló las producciones preseleccionadas para buscar la nominación a Mejor Película Internacional. Con nombres de peso como Campanella y Martel en la lista, la gran ganadora se anunciará el próximo 28 de septiembre.
La Sala II de la Cámara Federal ratificó las imputaciones contra el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad y otros 18 acusados por presuntos sobreprecios en medicamentos de alto costo. Los jueces redujeron los embargos, que para los tres principales rondan los $36.000 millones.
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