La Sala II de la Cámara Federal ratificó las imputaciones contra el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad y otros 18 acusados por presuntos sobreprecios en medicamentos de alto costo. Los jueces redujeron los embargos, que para los tres principales rondan los $36.000 millones.
Detrás de cada orden de compra había un medicamento que alguien esperaba. La Cámara Federal confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la causa que investiga sobreprecios en remedios e insumos de alto costo del programa Incluir Salud. Es el programa que cubre tratamientos que muchas familias no podrían pagar por su cuenta.
Lo que resolvió la Cámara:
Los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico sostuvieron que, en esta etapa de la investigación, las pruebas alcanzan para mantener las imputaciones por asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho.
Según el fallo, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se habrían hecho compras dirigidas y con sobreprecios, a cambio de dinero para funcionarios. Los camaristas lo describieron así: “Se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios -en insumos y medicamentos-, que tuvieron como contrapartida la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos, en un contexto asociativo ilícito cuya finalidad era la obtención de ganancias indebidas”.
La clave estaba en el sistema informático SIIPFIS. Para elegir a qué proveedores invitar, bastaba con marcar una tilde. “Los integrantes conocían de antemano las asignaciones y simulaban una competencia mediante la utilización de oferentes ‘pantalla'”, señalaron los jueces. También escribieron que “las fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos eran temas que se definían por fuera de los mecanismos legítimos”.
La propia Unidad de Auditoría Interna de ANDIS ya había advertido irregularidades en septiembre de 2024. La maniobra, según la causa, siguió más de un año después de esa advertencia.
El ejemplo más claro del fallo es el Burosumab 20 mg, un medicamento para una enfermedad poco frecuente. Según la comparación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, se compró a unos $21 millones en algunos procesos y a más de $45 millones en otros.
En una compra “chica”, Droguería Profarma lo cobró $45.152.230,34. En una “grande”, Droguería 20 de Junio lo vendió a $25.012.000. La convocatoria de la primera estuvo abierta apenas cinco horas y media, algo que, para la Cámara, “restringe aún más la concurrencia y competencia”.
Spagnuolo había alegado que no elegía proveedores ni adjudicaba compras. Los jueces rechazaron ese argumento: “Spagnuolo no se limitaba a validar y acompañar todo el proceso (…) sino que tuvo una activa intervención para lograr la concreción de los planes”. Entre las pruebas destacaron un pedido de $5 millones a Calvete, que según la resolución fue entregado el 11 de junio de 2025.
A Garbellini le atribuyen “un rol preponderante”. Los chats citados en el fallo muestran cómo decidía quién entraba y quién salía: “Neurosalud, sácalo de las invitaciones de insumos”. En otro mensaje fue más directo: “Con esta droguería no se va a trabajar más”.
Calvete, detenido en otra causa, aparece como uno de los principales articuladores. Según los jueces, recibía información desde adentro del organismo y sabía de antemano “sobre qué productos, qué empresas serían invitadas y cuándo se liberarían los pagos”. Los investigadores encontraron además planillas con porcentajes del 15%, 10%, 5% y 3%, que el tribunal leyó como posibles comisiones.
Los embargos quedaron en $36.005.161.365,44 para Spagnuolo, $35.909.066.365,44 para Garbellini y $36.043.881.773,44 para Calvete. La Cámara también mantuvo las inhibiciones de bienes, las intervenciones sobre las droguerías Génesis y New Farma y las prohibiciones de salir del país para Andrés Horacio Arnaudo y Patricio Gustavo Rama.
Los procesamientos no son condenas. La investigación sigue abierta y todos los acusados conservan la presunción de inocencia.
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