El antecedente judicial
La medida cautelar había sido dictada por Cormick a fines de 2025, a partir de una demanda presentada por universidades agrupadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El Gobierno apeló la decisión, pero la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo.
El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema dejó firme la cautelar al rechazar el recurso presentado por el Poder Ejecutivo, según la información judicial citada por los medios que difundieron la resolución.
A comienzos de septiembre, el juez había rechazado el pedido oficial para levantar la medida. En esa oportunidad, también había solicitado al Ministerio de Capital Humano que presentara documentación sobre el grado de cumplimiento de la orden judicial. La información entregada luego no habría sido suficiente para demostrar que la cautelar se había ejecutado de manera integral.
Reclamo salarial y conflicto abierto
El dictamen exige la ejecución inmediata de los artículos 5 y 6 de la norma aprobada por el Congreso, los cuales establecen mecanismos de actualización salarial para el personal docente y no docente, así como el refuerzo de las partidas destinadas a becas.
Las entidades gremiales del sector calculan que el retraso en los haberes ronda entre el 31% y el 33%, mientras que las ofertas paritarias oficiales se mantuvieron en cifras sensiblemente menores.
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que se han realizado transferencias progresivas para mitigar el desfasaje, incluyendo incrementos en los gastos de funcionamiento y aportes a programas educativos. No obstante, el magistrado concluyó que la documentación aportada por la cartera que conduce Sandra Pettovello resulta insuficiente para dar por satisfecha la orden judicial vigente.
Las universidades y los sindicatos consideraron insuficientes esos pagos. También reclamaron la actualización de los gastos de funcionamiento, recursos para hospitales universitarios y una recomposición mayor de los salarios.
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, valoró la resolución y sostuvo que las universidades seguirían reclamando hasta que la norma se cumpliera de manera integral.
El conflicto universitario continuará en las aulas, los gremios y el Congreso. Las organizaciones universitarias mantuvieron la convocatoria a una nueva marcha federal para el 15 de octubre, mientras el debate sobre los recursos previstos para 2027 seguirá abierto. La intimación judicial podría modificar el escenario, aunque todavía resta conocer si el Gobierno cumplirá la orden dentro del plazo fijado.