El dramático caso de la influencer Sofía Gonet —quien denuncia vivir aterrorizada desde hace una década por un acosador obsesivo— y la violenta amenaza presencial contra el conductor Homero Pettinato exponen de forma pública una realidad tan silenciosa como peligrosa: el hostigamiento digital afecta a millones de personas en Argentina, golpea mayoritariamente a las mujeres y opera bajo un alarmante vacío legal.
Actualmente, quienes son víctimas de persecución sistemática, intimidación y ciberacoso se enfrentan a un escenario de total desamparo en la Justicia. El acoso digital no constituye un delito penal a nivel nacional en nuestro país. Solo está tipificado como una contravención en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, San Luis y Santa Fe. Esto implica que, en la enorme mayoría de las provincias, las denuncias que realizan las víctimas son directamente archivadas por “inexistencia de delito”.
Incluso en los pocos distritos donde sí existe una sanción, el castigo resulta ínfimo frente al daño psicológico que genera en las víctimas. Las sanciones contravencionales vigentes no incluyen la prisión; se limitan únicamente a la realización de trabajo comunitario, el pago de multas económicas o la asistencia a cursos sobre violencia de género.
Si bien la reciente Ley Olimpia representó un avance histórico al introducir la violencia digital dentro del ordenamiento jurídico como una modalidad de violencia de género, su enfoque se centra exclusivamente en la protección de la víctima y no establece castigos penales para los agresores. Gracias a esta normativa, las mujeres afectadas pueden solicitar medidas urgentes, tales como restricciones de contacto digital, el cese inmediato del hostigamiento, y órdenes judiciales para eliminar contenido agraviante o íntimo de la web. Sin embargo, el acosador sigue sin ir a la cárcel.
El proyecto para meter presos a los acosadores y frenar la impunidad
Para dar respuesta a esta crisis de violencia en línea, existe un proyecto de ley en el Congreso —impulsado junto a la diputada Mónica Macha— que busca tipificar y penalizar el hostigamiento digital a nivel nacional.
La iniciativa propone modificar el Código Penal para castigar con penas de prisión de seis meses a dos años a quien hostigue, acose, persiga, intimide o vigile a una persona mediante tecnologías de la información. También incluye sanciones penales para quienes hagan accesibles datos personales sin consentimiento (práctica conocida como Doxxing), o alteren el normal desarrollo de la vida cotidiana de la víctima.
El calvario de Gonet, condicionada en su vida diaria por los incesantes mensajes y seguimientos físicos de su acosador, encuadra perfectamente en los agravantes que plantea esta nueva ley. El proyecto estipula que la pena se elevará de uno a tres años de prisión si el acoso se realiza de forma sostenida en el tiempo, si obliga a la víctima a alterar su proyecto de vida, o si el hecho se comete contra una mujer mediando violencia de género.
La urgencia de debatir y aprobar esta reforma penal se sustenta en cifras que alarman y demuestran que no se trata de un problema exclusivo de los famosos: según datos de la encuesta nacional “Consentimiento y Violencia Digital” de 2021, el 84% de las mujeres sufrieron hostigamiento digital en Argentina. La magnitud de la crisis es tal que, durante el año 2023, se registró una denuncia por hostigamiento digital cada nueve horas solamente en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras la política demora el tratamiento de la ley, miles de mujeres continúan desamparadas frente a agresores que actúan con total impunidad detrás de una pantalla.
Frente a este alarmante escenario de desamparo legal, resulta indispensable destacar y recomendar el trabajo de organizaciones como @genticorg. A través de sus redes y canales de contacto, este espacio brinda herramientas fundamentales de seguridad digital, contención y asesoramiento para quienes sufren acoso virtual, consolidándose como un refugio clave y un actor primordial en la incansable lucha por la construcción de entornos digitales justos y libres de violencia machista.