Diez años después del crimen de Julieta González, la Corte Suprema debe decidir si su asesinato fue un femicidio. La abogada Natalia Gherardi, directora de ELA, advierte que una respuesta restrictiva dejaría sin nombre a muchas víctimas y abriría la puerta a rebajas de pena.
Julieta González tenía 21 años. Le había contado a Andrés Di Césare que estaba embarazada. Poco después, en septiembre de 2016, él la mató en Maipú, Mendoza, e intentó deshacerse de su cuerpo. Pasaron diez años. Hoy su nombre está en un expediente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe responder una pregunta que parecía saldada: qué es un femicidio.
La pregunta llega en un año en el que la violencia machista no da tregua. Entre enero y agosto de 2026 hubo 173 víctimas fatales de violencia de género, una cada 34 horas, según el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven. Y llega con una señal inquietante: la Corte tuvo que convocar a conjueces para resolver el caso, algo que solo pasa cuando sus integrantes no logran ponerse de acuerdo.
“La investigación determinó sin ninguna duda que había habido una relación entre ellos, que Julieta le había comunicado que estaba embarazada y, poco después, él la asesina e intenta deshacerse del cuerpo de una manera particularmente brutal”, reconstruye Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
Las pruebas eran contundentes. Había sangre de Julieta en el auto de Di Césare y ADN de él debajo de las uñas de ella, la marca de que intentó defenderse. Después del crimen, él buscó en internet cómo deshacerse de un cuerpo y si se podía hacer un cotejo genético a un feto.
Aun así, la primera sentencia no vio lo que la prueba mostraba. Consideró que no eran pareja sino “amantes ocasionales” y condenó a Di Césare a 18 años por homicidio simple. “Dijeron: los dos tenían otra pareja, con lo cual ser amante no es pareja. Hicieron una interpretación muy restrictiva de qué significa una pareja“, explica Gherardi.
La Suprema Corte de Mendoza corrigió esa mirada. Leyó la brutalidad del ataque, el desprecio por el cuerpo de Julieta y su embarazo, y lo condenó a perpetua por femicidio. Di Césare apeló con un argumento que hoy es el centro de la discusión: la defensa vuelve a insistir en que si no eran pareja, no había violencia de género.
El artículo 80 del Código Penal distingue dos agravantes. El inciso 1 castiga el homicidio de una pareja o expareja. El inciso 11, incorporado en 2012, castiga el asesinato de una mujer cometido por un hombre cuando media violencia de género, haya o no un vínculo previo.
“La respuesta jurídica es que sí, que puede haber violencia de género cuando no hay una pareja, porque por algo son dos situaciones distintas“, sostiene Gherardi. Y lleva la discusión fuera del lenguaje técnico: “Si vos dejás sin efecto el femicidio en los casos en que no hay pareja pero sí hay violencia de género, dejás por fuera femicidios tan claros, tan horrorosos y tan conmovedores como fue el de Ángeles Rawson“.
Lo mismo pasaría con Micaela García. “No había ninguna relación de pareja entre el femicida y la chica asesinada, pero claramente hubo violencia de género, porque hubo desprecio por la víctima y hubo sometimiento sexual“, dice.
No son excepciones. Los registros de la propia Corte muestran que en 2025, en uno de cada tres femicidios con información sobre el vínculo, el agresor no era pareja ni expareja. Un fallo restrictivo, advierte Gherardi, “iría a contramano de la mirada que la propia Corte tiene en el Registro de Femicidios que lleva adelante la Oficina de la Mujer de su propia estructura”.
La alarma no nace de un rumor. Hoy la Corte funciona con tres de sus cinco integrantes. Si los tres coinciden, alcanza para dictar sentencia. Si no, tienen que sumar conjueces sorteados entre magistrados de otros fueros.
“En diciembre del año pasado llamaron a integrar la Corte con conjueces para este caso. Eso quiere decir que los tres no están de acuerdo en confirmar la sentencia de Mendoza“, explica Gherardi. Para confirmar la condena, a la Corte le alcanzaba con rechazar el recurso sin dar razones. “Eso no es un trascendido, eso es un hecho. Llamaron a conjueces”.
Frente a esa señal, ELA presentó un amicus curiae junto a CELS, Amnistía Internacional Argentina, Mujeres por Mujeres, INECIP y Fundeps. “Nosotras no representamos a nadie, ni a la víctima ni al victimario. Somos una organización experta en violencia y en acceso a la justicia que tiene una opinión jurídica formada sobre el tema”, aclara Gherardi.
En lo inmediato, el fallo afecta solo a Di Césare. Pero la Corte sienta jurisprudencia. “No es que el efecto inmediato va a ser la baja de la condena a todos los femicidios, pero no tengas duda de que lo van a venir a pedir. ¿Por qué no? Si la máxima autoridad judicial te dice que la violencia de género no es una causa para femicidio, todas las personas que fueron condenadas bajo ese parámetro van a pedir una interpretación más favorable”.
También se juega la forma de investigar. El crimen de Agostina Vega se investiga hoy como femicidio. “Siempre se investiga la hipótesis máxima, porque si no recopilan las pruebas bajo esa hipótesis, después es tarde. No podés venir dos años más tarde a decir ‘por ahí había sido un femicidio y no me di cuenta’“.
En enero de 2025, el Gobierno de Javier Milei anunció que buscaba sacar el femicidio del Código Penal. La reforma nunca llegó formalmente al Congreso. “Que tengan ganas, no tengo la menor duda. No dieron los pasos formales todavía”, dice Gherardi. La Corte no puede derogar una ley, pero un fallo restrictivo les daría “argumentos de autoridad, nada menos que de la Corte“.
El contexto hace todo más grave. Gherardi describe un Poder Ejecutivo que “ha recortado toda asistencia del Estado nacional para los programas de violencia” y que cerró la mayoría de los centros de acceso a la justicia. El programa Acompañar existe en los papeles, pero “no tiene presupuesto asignado ni beneficiarias conocidas”.
Ella no cree que la condena alcance por sí sola: “La respuesta punitiva claramente no alcanza para prevenir los femicidios. El gran objetivo debería ser prevenir las muertes violentas de mujeres por razones de género, porque son todas evitables“. Y señala el vacío del Estado: “Tiene la obligación de prevenir la violencia, atender a las personas que la viven, reparar sus derechos y protegerlas. El Estado nacional se corrió por completo de una obligación que todavía tiene jurídicamente“.
Por eso, dice, el mensaje de la Corte pesa tanto: “Tiene que decir: sostenemos la vigencia de la ley que fue votada por unanimidad en el Congreso y que responde a un fenómeno de violencia por razones de género muy cierto, muy concreto y muy preocupante”.
Durante décadas, estos asesinatos se llamaron “crímenes pasionales”. Nombrarlos como femicidios nos enseñó a ver lo que antes se naturalizaba. Gherardi confía en que la Corte “no va a borrar todo lo que ha trabajado en los últimos 15 años“.
Susana González, la mamá de Julieta, no va a escuchar lo que decida la Corte. Murió en marzo de 2024, después de años de ser la cara más visible del reclamo de justicia por su hija. Sin ella, la querella no llegó a esta última instancia.
Pero ningún expediente mide todo el daño. “Si hablás con cualquier familiar de una víctima de femicidio, el impacto es mucho más profundo y duradero que el proceso penal“, dice. Y deja un mensaje para esas familias que siguen esperando:
“Las marcas de la violencia de género impactan mucho más allá de la víctima directa. Queremos mostrar que su lucha es la lucha colectiva. Ellas lo viven en el cuerpo, en su alma y en sus corazones, pero ese agravio, ese dolor, es compartido por muchas otras personas que, desde lo que podemos y sabemos hacer, acompañamos esa lucha y compartimos el mismo objetivo”.
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