El sostenido aumento del crudo internacional por el conflicto en Medio Oriente resquebrajó la estrategia de las empresas para amortiguar los precios. El Gobierno sigue postergando un impuesto clave para evitar un impacto mayor en la inflación.
El sostenido aumento del crudo internacional por el conflicto en Medio Oriente resquebrajó la estrategia de las empresas para amortiguar los precios. El Gobierno sigue postergando un impuesto clave para evitar un impacto mayor en la inflación.
El precio de los combustibles volvió a registrar incrementos de hasta un 5% en los surtidores de todo el país, complicando el esquema de estabilidad pactado entre las refinadoras y complicando el bolsillo de los consumidores. Con este nuevo ajuste, el litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires ya se ubica entre los $2.200 y $2.350 dependiendo de la bandera, mientras que las opciones premium rompieron la barrera de los $2.651. El escenario es aún más duro en el interior del territorio nacional, donde históricamente los valores son más elevados y los combustibles de más alta calidad ya superan holgadamente los $2.700 por litro.
El paulatino encarecimiento en las estaciones de servicio responde a la fatiga del mecanismo de compensación implementado por las principales compañías del sector. Horacio Marín, titular de YPF —la empresa con mayor participación de mercado—, había ratificado la utilización de un “buffer” de precios diseñado para morigerar el impacto de la volatilidad internacional.
Esta estrategia consistía en un acuerdo de previsibilidad: mientras el barril de petróleo superara la franja de los u$s80, las petroleras absorbían el costo extra sin trasladarlo de lleno al consumidor. A cambio, cuando la cotización global bajara, las empresas mantendrían los precios locales congelados para equiparar los flujos y recuperar la rentabilidad perdida. “Cuando sube los ayudamos, cuando baja nos ayudan a nosotros”, había graficado Marín.
Sin embargo, la geopolítica arruinó los cálculos financieros. La prolongación del conflicto armado en Medio Oriente mantuvo el precio del barril de petróleo oscilando entre los u$s80 y los u$s100 durante varios meses, registrando incluso picos superiores. Esta sostenida alza internacional dejó sin margen de maniobra a las petroleras, que finalmente cedieron en su plan de amortiguación y comenzaron a trasladar los costos a los surtidores locales.
Pese a este incremento, el golpe real al consumidor sigue estando artificialmente contenido por el Estado. Con el objetivo de evitar que el encarecimiento de la logística le sume mayor presión al índice de inflación —el principal argumento de éxito de la gestión de Javier Milei—, el Gobierno nacional viene prorrogando sistemáticamente la actualización del Impuesto a los Combustibles.
De liberarse este gravamen pendiente, el valor del litro en los surtidores sufriría un salto directo de $233. Esto implicaría un aumento adicional de algo más del 11% que debería salir directamente del bolsillo de los conductores, un costo que el equipo económico prefiere mantener postergado, al menos por ahora.
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