Fiscales de Estados Unidos formalizaron ante un tribunal de Nueva York su rechazo al arresto domiciliario de Cilia Flores por considerar que existe un extremo riesgo de fuga. La decisión sobre su detención preventiva se definirá en audiencia el próximo 8 de octubre.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizó su oposición a la solicitud de libertad provisional presentada por los abogados de Cilia Flores. El Ministerio Público solicitó al juez Alvin Hellerstein mantener a la acusada en prisión preventiva en Brooklyn mientras espera el juicio por cargos de narcotráfico y corrupción. La decisión final quedará en manos del tribunal durante una audiencia fijada para el próximo 8 de octubre.
El equipo legal de la exprimera dama venezolana, de 69 años, había solicitado el beneficio de casa por cárcel el pasado 10 de septiembre. La defensa alegó complicaciones de salud, específicamente un episodio de presión torácica de 30 minutos registrado en julio, y propuso financiar su propia vigilancia privada en una residencia de Nueva York.
Frente al pedido, los fiscales argumentaron que ninguna condición de fianza garantiza la permanencia de la procesada en la jurisdicción. El documento oficial señala que Flores enfrenta una pena mínima de 40 años de cárcel, lo que representa un riesgo de fuga e incentivo directo para evadir el proceso judicial.
Asimismo, la representación estatal enfatizó que la acusada carece de estatus legal en territorio estadounidense y cuenta con acceso a recursos económicos considerables cuyo origen no fue aclarado al tribunal.
En relación con el estado de salud, la fiscalía desestimó que las afecciones cardíacas impidan su reclusión. Las autoridades penitenciarias certificaron que el sistema federal de prisiones ofrece atención médica integral y especializada para tratar cualquier condición que requiera la interna.
Paralelamente, el juez Hellerstein dictó una orden de protección sobre el material probatorio presentado por la acusación. La resolución restringe el acceso a expedientes electrónicos, comunicaciones y dispositivos decomisados a los imputados. Esta medida busca evitar la divulgación de identidades y prevenir posibles represalias contra testigos cooperantes que residen en el extranjero.
El pronunciamiento fiscal, difundido públicamente por el abogado y observador del proceso Nizar El Fakih, ratifica que los delitos imputados activan la presunción legal de detención obligatoria.
La representación del gobierno de Estados Unidos sostiene que la gravedad de los cargos y la solidez de las evidencias testimoniales justifican mantener la medida privativa de libertad.
El trámite judicial continuará en los próximos días cuando la defensa presente su réplica a los argumentos del Ministerio Público. El tribunal deberá ponderar si los riesgos de fuga e interferencia en la investigación prevalecen sobre los alegatos de salud presentados por la procesada.
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