Un juez de Las Lomitas impuso cinco días de arresto, sustituibles por multa, a cuatro integrantes de LN+ por coberturas en una comunidad originaria. ADEPA y FOPEA rechazaron el fallo, mientras que el presidente Javier Milei respondió con duras críticas a la prensa.
La Justicia de Formosa condenó a cinco días de arresto efectivo a cuatro integrantes del equipo periodístico del programa “Hambre de Futuro”, del canal La Nación+, por entrevistas y filmaciones realizadas en septiembre de 2025 en la comunidad aborigen San José.
Los sancionados son la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán. La pena puede reemplazarse por una multa de $282.550 para cada uno.
El juez de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, Omar Padilla, consideró a los periodistas responsables de infringir el artículo 73 del Código de Faltas provincial, referido al inicio de actividades sin cumplir requisitos previos. Entre los fundamentos, el magistrado recurrió a la falta de acreditación de la matrícula profesional en el lugar y a la carencia de vínculos laborales locales.
Según relataron los propios trabajadores de prensa, durante aquella cobertura fueron seguidos e interceptados por efectivos de la Policía de Formosa. Los agentes tomaron sus datos, fotografiaron sus DNI y dos camionetas comenzaron a seguir sus movimientos y a filmarlos. Después, los policías detuvieron al equipo y pretendieron notificarlos de una denuncia por una supuesta alteración de la tranquilidad de la comunidad.
La denuncia se atribuyó al cacique Guillermo López. Según FOPEA, López luego negó haber promovido la acusación y afirmó que agentes policiales lo trasladaron para firmar un escrito cuyo contenido desconocía.
La sentencia generó una fuerte reacción de entidades periodísticas. ADEPA expresó su “profunda preocupación y rechazo” y advirtió que resulta especialmente grave que la falta de una acreditación profesional aparezca entre los fundamentos de una condena de arresto. En la Argentina no existe una matrícula obligatoria para ejercer el periodismo ni una habilitación estatal que permita trabajar como periodista.
FOPEA sostuvo que “para ejercer el periodismo no es imperativo uso de un carnet en ningún lugar del país” y recordó que durante aquella cobertura denunció el seguimiento del equipo mediante vehículos sin identificar, la vigilancia, la interceptación policial en las rutas y la retención durante unas dos horas de los trabajadores de prensa. “La aplicación de este tipo de normas para sancionar a periodistas por el desarrollo de su tarea constituye un grave precedente y genera un efecto inhibitorio sobre quienes investigan e informan acerca de asuntos de interés público”, señaló la entidad.
ADEPA remarcó además que el propio fallo reconoce que los periodistas recibieron autorización para ingresar a la comunidad y que se retiraron cuando les pidieron hacerlo. También destacó que la sentencia no describe un ingreso violento o clandestino, una permanencia contra la voluntad de los integrantes de la comunidad, una agresión física ni una intromisión concreta en la intimidad de alguna persona.
Omar Padilla asumió como juez de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas en marzo de 2025, luego de su designación por el Superior Tribunal de Justicia de Formosa. Antes de llegar a la Justicia fue concejal de Las Lomitas y dirigente del peronismo local.
Una investigación publicada este viernes por La Nación señaló que Padilla participó de actividades políticas del peronismo formoseño y expresó públicamente su respaldo al gobernador Gildo Insfrán antes de su designación como juez.
El vínculo entre el gobierno provincial y el periodismo registra numerosos episodios de restricciones a la libertad de prensa. Uno de los más recordados fue cuando otros dos periodistas de LN+, Hugo Macchiavelli y Agustina Girón, tuvieron que presentar un habeas corpus para poder ingresar a Formosa durante la pandemia de Covid, ya que el gobierno de Insfrán bloqueaba el ingreso de periodistas que viajaban para investigar denuncias por violaciones a los derechos humanos en los centros de aislamiento.
Mientras las entidades periodísticas cuestionaban la sentencia, el presidente Javier Milei eligió atacar a los periodistas. En sus redes sociales escribió: “TIRO POR LA CULATA. Aquí el modelo por el que las basuras inmundas con micrófono suspiran a diario y por el que trabajan de modo tan intensamente. Sigan haciéndole el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas. CIAO!”.
La diputada Lilia Lemoine también cuestionó a los periodistas al repostear el mensaje de Milei: “El periodismo que mientras trabaja activamente para que Argentina se parezca a Formosa… genios”, publicó en redes sociales. Y agregó en otro posteo, que “Kicillof o Galmarini son lo mismo. Sigan fingiendo que no lo saben”.
El influencer libertario, Daniel “Gordo Dan” Parisini, comentó el tuit de Milei: “JAVI Y FOPEA QUÉ DIJO? NO LO ENCUENTRO POR NINGÚN LADO”. Sin embargo, el Foro de Periodismo Argentino ya había difundido la noche anterior un comunicado en el que expresó su “firme rechazo” a la sentencia contra los enviados de La Nación.
La controversia deja dos interrogantes. Para Formosa: ¿cómo terminó una cobertura periodística con cuatro trabajadores de prensa condenados a cinco días de arresto y por qué apareció entre los argumentos la ausencia de una credencial cuya obligatoriedad es cuestionada por las entidades nacionales de prensa?
Para el gobierno nacional: ¿por qué, frente a una sentencia cuestionada por ADEPA y FOPEA, el presidente Javier Milei eligió atacar a los periodistas en lugar de poner en primer plano la defensa de su derecho constitucional a informar?
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